Por lo menos 11 funcionarios, que posiblemente tuvieron protagonismo en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentación escolar y de transporte de los estudiantes, están vinculados a una investigación que adelanta la Procuraduría.
La Procuraduría General de la Nación abrió dos investigaciones disciplinarias contra 11 servidores y exservidores de la Gobernación de Casanare, por presuntas irregularidades en la contratación de los servicios de alimentación y transporte escolar en este departamento.
Para el caso del PAE, al parecer se habrían presentado fallas en la estructuración de dos procesos de licitación pública abiertos en el 2023 a fin de implementar el PAE en Casanare para el año siguiente, lo que conllevó a su posterior revocatoria y al inicio tardío de este.
En consecuencia, en febrero de este año la Gobernación declaró la urgencia manifiesta para garantizar la prestación del PAE y adjudicó el contrato por más de 8.200 millones de pesos por un plazo de 58 días del calendario escolar.
Por lo anterior, no se habría garantizado la prestación del servicio de alimentación escolar para el 2024 a partir del primer día del cronograma académico.
Los cobijados en esta investigación son: las entonces jefes de la Oficina Jurídica, Carmen Himelda González Pinilla y Karen Sofía Santafé Agudelo; los secretarios de Educación para la época de los hechos, Diego Fernando Ardila Plazas y Elisabeth Ojeda Rodríguez; los directores de Cobertura Educativa en el 2023 y el 2024, Andrés Jesús Campos Becerra y Nelson Leonardo González Amador, y el director de Calidad Educativa, David Federico Díaz Sánchez.
En cuanto al transporte escolar, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare investiga las presuntas irregularidades presentadas en el proceso que terminó con la adjudicación al Consorcio Nuevo Amanecer del contrato de servicio de transporte escolar, para los estudiantes de 18 municipios no certificados de Casanare.
Los cuatro integrantes del comité evaluador de la Oficina Jurídica habrían habilitado jurídica, técnica y financieramente la propuesta presentada por el citado oferente, a pesar de no haber cumplido, aparentemente, los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones.
Entre tanto, la jefe de la Oficina Jurídica adjudicó el cuestionado proceso de selección abreviada.
Por estos hechos se investiga disciplinariamente a la líder de ese despacho, Karen Sofía Santafé Agudelo, y a los integrantes del comité evaluador Javier Eduardo Colina Cuevas, Libia Yasmín Fernández Niño, Andrés Mauricio Monero Gutiérrez y Luis Miguel Pérez Sanabria.