El paro reciente hizo visible que el precio del diésel puede afectar el de varios productos, algo que ya sabíamos, pero también sacó a flote el tema de los derechos laborales de los conductores y diversas injusticias en el pago y reconocimiento de fletes y honorarios, algo de lo que se habla muy poco en los medios de comunicación convencionales.
Se ha hablado mucho de la coherencia en las decisiones de política económica, también de lo que se puede hacer con el dinero que se “recuperaría” al disminuir el subsidio al diésel, pero, nuevamente, se ha hablado muy poco de los derechos laborales y de la precarización del trabajo de los camioneros.
Un ejemplo de las dificultades de abordar el tema se ve incluso en el sector público; por ejemplo, muchas entidades públicas que deberían hacer contratos laborales (por la naturaleza del trabajo) terminan haciendo contratos por prestación de servicios, generando riesgos jurídicos y económicos; es decir, las entidades estatales son las primeras en quebrar la ley; en el actual gobierno, que reconoce la importancia de condiciones dignas del trabajo, la dura realidad de la tercerización en las instituciones del sector público y de una abrumadora mayoría de contratos por prestación de servicios en lugar de lograr plazas estables o en carrera administrativa, es algo frente a lo cual se ha hecho muy poco.
Posiblemente hay buenas cosas para mostrar, como lo que se ha hecho en la SAE y en otras instituciones en las que se ha intentado ampliar la planta de personal, pero también hay que señalar que falta mucho por hacer. La buena intención en el primer año de gobierno, pasó de la ambición de solucionar el problema rápidamente (cuatro meses, ochos meses) a terminar generando improvisación en la contratación de varias instituciones, y, peor aún, mayor precarización en algunos contratos, en lugar de solucionarla.
Este fenómeno no es nuevo, en el primer gobierno del presidente Santos también se prometió solucionar este problema, que en su momento se llamó “nóminas paralelas”, pero tampoco se hizo gran cosa.
En este paro el cubrimiento mediático se centró en prender las alarmas sobre las consecuencias potenciales de la afectación a la economía, así como en los métodos y discursos del gobierno, pero no se mostraron fenómenos relacionados con las dificultades en las relaciones laborales y en el manejo de tarifas (en las que parece que falta regulación).
Al desarrollar un análisis sobre contenidos en medios de comunicación usando inteligencia artificial se puede identificar que “los medios de comunicación tienden a enfocarse en contenidos más accesibles y de interés general, lo que contribuye a la superficialidad con la que se tratan asuntos laborales”, adicionalmente que “el control de la narrativa mediática ayuda a mantener un equilibrio de poder en favor del capital sobre el trabajo, evitando discusiones amplias sobre explotación, precarización o la necesidad de reformas laborales”.
Los derechos laborales no atañen únicamente al gobierno de turno, la ciudadanía en general, nuestro sistema educativo y los empresarios, tenemos la responsabilidad de tomar conciencia sobre la importancia de los derechos laborales para mejorar la calidad de vida de la población.