El exconcejal de Duitama Pablo Santiago, condenado a 137 meses de prisión por captación masiva de dineros

Inicialmente el exconcejal y empresario Pablo Andrés Santiago Berdugo tendrá que pagar 11 años y cinco meses de cárcel por la captación ilegal de dineros de más de 8.000 personas.

La mañana de este miércoles el exconcejal de Duitama acusado de haber estafado a cientos de personas con una pirámide captadora de dineros, se entregó en Santa Rosa de Viterbo. Foto: Suministrada a Boyacá Sie7e Días.
La juez Promiscua del Circuito de Santa Rosa de Viterbo condenó a 137.5 meses de prisión a Pablo Santiago, por el delito de captación masiva dineros. Foto: Suministrada a Boyacá Sie7e Días.

Según relacionó la juez Clara Inés Parra Camargo habrían sido más de 29.000 millones de pesos los que captó el empresario y exconcejal de Duitama a miles de personas, aunque se asegura que más de la mitad de los estafados no denunció y que la cifra total se pudo acercar a los 50.000 millones de peos.

Lo cierto es que previamente Pablo Santiago como es conocido, había aceptado los cargos que le endilgaba la Fiscalía por captación masiva y habitual de dineros del público y esta tarde el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo con Función de Conocimiento lo condenó a 137.5 meses de prisión, por el delito condena por el delito de captación masiva dineros.

Desde el pasado 12 de junio, cuando exconcejal, propietario y exrepresentante legal de intervenida inmobiliaria Construcol, Pablo Santiago Berdugo se entregó en la estación de Policía de Santa Rosa de Viterbo, permanece en la cárcel del Olivo de ese municipio, ubicado a 15 minutos de Duitama.

Adicionalmente, por el delito de negativa de reintegro de dineros, Santiago Berdugo aceptó cargos y se fijó la fecha del 22 de octubre para la lectura de la segunda condena.

Estuvo prófugo durante casi 15 meses

El 23 de marzo de 2023 el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo revocó la decisión del polémico Juez Primero Penal del Circuito de Duitama, Álvaro Rincón Monroy, y dejó en firme la imputación y la medida de aseguramiento contra el exconcejal y empresario.

Los magistrados se pronunciaron en aquella oportunidad en medio del escándalo que originó la decisión del juez Rincón, 20 días antes, el 2 de marzo, al declarar la nulidad de la captura de Pablo Santiago, quien estaba en la cárcel desde el 13 de diciembre de 2022 acusado de captación ilegal de dineros, pero que, desde el 3 de marzo, gracias al togado, quedó en libertad.

Precisamente en la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos que terminó con la decisión del juez de privar de la libertad a Pablo Santiago, el 13 de diciembre de 2022, el fiscal 16 Mauricio Melo, una a una enumeró las pruebas recaudadas en por el ente acusador a través de diferentes métodos, incluidos los hallazgos hechos por un investigador asignado por la misma Fiscalía al caso.

En su exposición que adelantó durante casi una hora, en esa oportunidad el fiscal se refirió a la acusación de haber captado por lo menos 2.320 millones de pesos que fueron evidenciados en la reclamación de un total de 86 personas, muchos de quienes llegaron a invertir cifras de hasta 60 millones de pesos, y según él (fiscal) serán números que irán creciendo exponencialmente luego de la audiencia, como efectivamente sucedió.

Adicionalmente, en aquella oportunidad entregó detalles del modus operandi de Pablo Santiago, según el cual a través de contratos anticresis (contrato civil que permite pagar una deuda al acreedor con los frutos o rentas generados por una propiedad) con cinco inmuebles logró captar altas sumas de dinero y que por otro lado empeñaba apartamentos en una construcción denominada Torre Barcelona en donde empeñaba apartamentos hasta 50 veces y respaldaba la deuda con letras de cambio.

Pero además en el relato del fiscal se añadió en diciembre de 2022 que denunciantes y testigos concordaban en que Santiago compraba camionetas de alta gama, hacía conciertos, patrocinó campañas políticas y que adquirió una finca en la que construyó un palacio por cerca de 3.000 millones de pesos que tiene caballerizas, piscina, jacuzzis.

Adicionalmente se aseguró en su momento que por lo menos unas 8.000 personas incautas habrían resultado estafadas afectadas desde el año 2018 cuando este comenzó con su empresa Grupo Constructor Inmobiliario (Construcol).

Y según las pruebas encontradas por la Fiscalía, en el momento en que se conoció sobre la intervención por parte de la Superintencencia, les dio la orden a sus empleados de ocultar o desaparecer todos los contratos anticresis que tuvieran en las oficinas de Duitama, Sogamoso y Tunja.

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