Es tan delicada la situación, según la Defensoría del Pueblo, que integrantes del disidente Frente 28 obligan a las autoridades tradicionales indígenas a tomar medidas sobre ciertos comportamientos de las diez poblaciones.

La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana sobre diez pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, en zona rural de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, Casanare.
De acuerdo con el organismo encargado de defender, promocionar, proteger y divulgar los derechos humanos, la estrategia de control del territorio ejercida por el Frente 28 José María Córdoba, del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las Farc, y el ingreso a la zona de otras estructuras armadas no estatales, tiene a las naciones nativas de Casanare en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales.
Los pueblos sikuani, piapoco, sáliba y amorúa, de tradición sedentaria, y los maiben masiware, wamonae, waüpijiwi, yamalero, mayaleros, tsiripus y yaruros, que reúnen un total de 15 naciones indígenas, se encuentran solamente con la protección territorial en la extensa sabana del extremo nororiental del departamento.
La Defensoría del Pueblo, en su comunicado advierte que, es tan delicada la situación, que integrantes del disidente Frente 28, obligan a las autoridades tradicionales indígenas, a tomar medidas sobre ciertos comportamientos de las diez poblaciones. De no hacerlo, no solo las autoridades étnicas, sino todos los indígenas de las comunidades, son sometidos a lo que llaman la propia ‘justicia’ del grupo rebelde, con tal de obtener el control absoluto.
Ante el escenario de vulneración de los derechos a la vida, integridad, seguridad, libertad, además de otros, de las comunidades indígenas, la Defensoría del Pueblo requiere la intervención urgente de la institucionalidad estatal, a partir de un trabajo articulado y diferencial, teniendo en cuenta la tradición cultural nómada.
El resguardo Caño Mochuelo, así mismo, es susceptible de enfrentamientos armados, razón por la que podría verse envuelto en consecuencias nefastas. Las formas de sustento (cultivos y prácticas alimentarias) podrían amenazar la subsistencia de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos y personas mayores.
Asegura el organismo promotor de los derechos humanos que, es necesario implementar medidas de prevención, orientadas a la seguridad alimentaria, la atención humanitaria y el acompañamiento, así como a la neutralización de las pretensiones de los actores armados al margen de la ley. Es imperativo garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, el respeto por la jurisdicción especial indígena, la autonomía, el territorio y su dinámica cultural.
La naturaleza preventiva y humanitaria de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI) exhorta al Ministerio del Interior a darles cumplimiento a las medidas de prevención y protección. Igualmente, le solicita activar los mecanismos de respuesta rápida frente a posibles vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
“Es oportuno que ejerza su liderazgo para que sea salvaguardada y preservada la diversidad étnica y cultural, mitigando el riesgo de los pueblos afectados, a los que les deben respetar sus derechos culturales, de autonomía, territorio y propia jurisdicción especial”, dijo.