Hacia esa posibilidad se dirigen las gestiones que adelantan los Gobiernos de La Salina y de Casanare ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), que debe revisar una vez más la legalidad en la explotación de las minas que fueron calificadas como la de mayores propiedades minerales del país.
Al despacho del presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, llegaron el alcalde de La Salina, Reinaldo Chaparro; el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y los representantes de las familias que tradicionalmente se han enfrentado a los múltiples problemas para aprovechar las minas de sal que manan en sus alrededores, pero que son vigiladas por una serie de organismos estatales que hoy por hoy no permiten su operación.
Las tareas de la comisión oficial de Casanare son las de tratar de conseguir los títulos mineros, las licencias de salud y los planes de manejo ambiental en la operación de los hornos, donde se cocina el agua que brota de sus montañas, que finalmente se ofrece al mercado como sal de alta calidad.
Esto no es nuevo: tal como lo registró Boyacá Sie7e Días, la Agencia Nacional de Minería declaró y delimitó como Área de Reserva Especial, según Resolución 610 del 3 de septiembre del 2015, una zona que abarca 59,5 hectáreas ubicadas en el municipio de La Salina, departamento de Casanare, con el objetivo de adelantar estudios geológico mineros y desarrollar proyectos estratégicos para el país, de conformidad con el artículo 31 del Código de Minas.
La información de la época estableció que la delimitación de esta Área de Reserva Especial beneficiaria directa e indirectamente a un grupo de más de 10 familias, que se han dedicado por más de 15 años a la extracción artesanal de sal a partir de la salmuera, la cual se capta de los manantiales que brotan desde tiempos geológicos en el río Casanare y que han sido aprovechados desde la época de La Colonia por dichas familias, siendo esta actividad su principal fuente de ingresos.
Eran, según los expertos, las famosas salinas de Chita las que abastecían del mineral a las poblaciones de los llanos orientales de Colombia y Venezuela. La propuesta de la comisión de Casanare es obtener el respaldo del Gobierno nacional para contribuir con los empresarios salineros en la optimización de la explotación de los recursos minerales de la zona y cumplir con la legislación minera y ambiental vigente, y de esa manera aportar para la generación de empleo formal.
El presidente de la Agencia Nacional de Minería se comprometió a brindar el apoyo a este propósito, luego de reunirse con los mandatarios. La industrialización de este mineral generaría importantes ingresos e impulsaría el desarrollo, no solo del municipio sino de la región, en el área limítrofe entre Boyacá y Casanare.