La personería de Tunja tiene a Diana Carolina Espinosa Trujillo, la secretaria de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social, contra las cuerdas.
Le acaba de notificar al alcalde la suspensión provisional por tres meses sin derecho a remuneración, tiempo en el que la Personería debe terminar de recaudar las pruebas en el proceso disciplinario que le fue abierto a la funcionaria luego de una denuncia anónima en la que se aseguraba que ella tenía un título de posgrado falsificado.
En su perfil de bienvenida en enero de este año se relacionaba que la secretaria de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social es especialista en Juego y Desarrollo Socio Emocional, en Pedagogía de los Derechos Humanos, en formación, y que cuenta con más de 8 años de experiencia en trabajo con Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y Familias, en entidades como la Alcaldía de Tunja, la secretaria de Educación de Boyacá, la Gobernación de Boyacá, Comfaboy y el colegio Coopteboy.
De igual manera según su perfil, cuenta con amplia experiencia en actualización de políticas públicas, fue coordinadora pedagógica con operadores para el ICBF en Centros de Desarrollo Infantil en más de cinco municipios del departamento.
La integrante del gabinete municipal, al igual que el propio alcalde, fueron notificados ayer de la decisión de una presunta falta de requisitos para poder ejercer el cargo.
Lo que se supo es que, al ser requerida por la Personería para presentar el título, Diana Carolina Espinosa Trujillo dijo que se había perdido una carpeta en la que estaban sus documentos, por lo que desde el ente del Ministerio Público se ofició a la Universidad Minuto de Dios, pero la respuesta fue que no habían expedido ese título.
El proceso fue remitido a la Procuraduría para que adelante la investigación respectiva, a la Fiscalía por falsedad del título y a la Contraloría porque la secretaria de la Mujer ha venido recibiendo un salario de recursos públicos.
Ahora el alcalde definirá si suspende a la funcionaria y para esto lo debe hacer a través de un acto administrativo, por un lapso de tres meses, tiempo en el que la personería adelantará la recolección de pruebas.