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Los tres casos de presunta corrupción que halló en Boyacá la Secretaría de Transparencia de Presidencia

El secretario de Transparencia habló de casos puntuales en Sutamarchán, Comfaboy y la PTAR de Sogamoso.

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Mesa anticorrupción para Boyacá, celebrada este lunes en Tunja. Foto: archivo particular

Durante la continuación de la mesa anticorrupción para el departamento, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Roberto Andrés Idárraga Franco, reveló tres casos de presunta corrupción en proyectos de infraestructura y servicios en Boyacá. 

“Dentro de los avances de la mesa anticorrupción se encuentran graves

alertas relacionadas con el acueducto de Sutamarchán, el manejo de los recursos de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy) y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Sogamoso”, indicaron en la Secretaría de Transparencia.           

La entidad precisó que, dentro de los hallazgos identificados, documentados y trasladados a los organismos de control, que de acuerdo al criterio del secretario podrían configurar posibles hechos de corrupción, se encuentran:

Casi 2.000 millones de pesos invertidos y una década después, Sutamarchán sigue sin acceso a agua potable. Un acueducto que se ha contratado dos veces (en el 2011 y en el 2019) para las veredas Santo Ecce Homo, Labranzas, Resguardo Alto y Ermitaño y pese a que en las dos ocasiones fue “recibido a satisfacción por parte de las administraciones municipales”, sin embargo, los habitantes de estas veredas siguen sin agua potable. 

Según la Secretaría de Transparencia, la primera contratación se llevó a cabo en el 2011 por 1.235 millones de pesos con recursos de la Gobernación de Boyacá, Ecopetrol y la Alcaldía de Sutamarchán. La segunda se realizó en el 2019, con una inversión de 716.450.149 pesos, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.  

Las irregularidades detectadas en Comfaboy

De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy) enfrentó entre el 2011 y el 2020 serias irregularidades en la gestión de recursos para la salud.

“Auditorías y denuncias revelaron sobrecostos en medicamentos valorados en 1.544 millones de pesos y discrepancias contables significativas, incluyendo diferencias de 15.210.968 pesos y 20.732.133 pesos en diversos registros financieros. Estos sugieren violaciones a la normativa vigente que afecta el patrimonio de los afiliados”, aseguró la dependencia de la Presidencia de la República.

Agregó que, aunque una auditoría del 2017 de la Superintendencia de Salud evidenció estas anomalías, el proceso sancionatorio fue archivado en el 2020 aplicando el principio in dubio pro disciplinado, por equivocaciones en la recolección de pruebas. Sin embargo, la investigación sigue activa en la Fiscalía 44 Seccional de la Dirección Especializada Contra la Corrupción de Bogotá.

La Secretaría de Transparencia afirmó que, las presuntas irregularidades en la Caja de Compensación Familiar de Boyacá son por más de 37.000 millones de pesos.

El aberrante caso de la PTAR de Sogamoso

El secretario de Transparencia se refirió también a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Sogamoso, cuyo proceso de construcción lleva 20 años y aún no ha comenzado a operar, lo que ha comprometido la inversión de recursos financieros por miles de millones de pesos. 

En el desarrollo de la mesa anticorrupción, celebrada este lunes en la Cámara de Comercio de Tunja, se conoció que la Contraloría General de la República emitió en diciembre del 2023 el auto 1944, el cual asigna responsabilidad fiscal de 1.095.860.161 pesos a varios individuos involucrados en la supervisión y administración de la PTAR. 

Entre estos se encuentran un exgerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, miembros del Consorcio PTAR Sogamoso, la empresa interventora y otros funcionarios que han estado vinculados al proyecto.

“La Secretaría de Transparencia ha instado a la Fiscalía General de la Nación a realizar una indagación penal exhaustiva para determinar los posibles delitos cometidos por los responsables, apoyándose en las evidencias de responsabilidad fiscal ya identificadas por la Contraloría, y en el marco de la sesión extraordinaria de la Comisión Regional de Boyacá se ha solicitado que este caso sea priorizado por esta instancia, con el fin de que se garantice la debida diligencia en el mismo”, manifestaron en la entidad.

Señalaron que, en todos los casos, la Secretaría de Transparencia ha solicitado a los organismos de control determinar las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales de los casos mencionados y resolver las denuncias radicadas con la mayor diligencia para conocer la verdad en todos estos casos que llevan años impunes, así como ser priorizados.

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