José Luis Bohórquez viajó el fin de semana para Estados Unidos, sin viáticos y con un permiso tramitado ante la Gobernación de Boyacá, por tratarse de un tema personal como él mismo adujo.
Aunque el mandatario del sombrero contó que su viaje tenía que ver con un tema de estudio, Boyacá Sie7e Días conoció que su destino fue la ciudad de Washington, justamente donde se encuentra la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que le dio las medidas cautelares al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para restituirlo en el cargo luego de ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación.
Petro viajó a Washington en aquella oportunidad, directamente a la sede de la Comisión Interamericana y pidió las medidas cautelares, pero se hizo acompañar de diferentes personalidades internacionales como Pepe Mujica, presidente de Uruguay y otras altas dignidades incluso de la OEA.
En esta oportunidad, las posibilidades de que ese alto ‘tribunal’ se pronuncie, por lo menos para que lo haga de urgencia, son casi que remotas si se tiene en cuenta el alto lobby que hay que hacer, pero nada se pierde, Bohórquez está defendiéndose con toda, para quedarse en el cargo para el que fue electo, alcalde de Duitama, con el aval del Pacto Histórico por 12.843 votos.
La comisión Interamericana de Derechos Humanos es un sistema ‘casi-judicial’, que la conforman magistrados elegidos por los Estados miembro, que tienen la función de dictar medidas cautelares mientras se envía el proceso cuando encuentra mérito jurídico, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí es un órgano judicial y tiene su sede en Costa Rica.
Esta figura depende directamente del modelo interamericano de Derechos Humanos que dirige la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El alcalde pedirá allí que su caso, en el que el Consejo de Estado lo quiere tumbar por haber pedido que votaran por una candidata al concejo que no era de su partido, pero sí de la coalición política que lo avalo, sea analizado con base en dos sentencias especialmente la de Gustavo Petro y la de Leopoldo López, que dicen que las autoridades administrativas no pueden sacar de sus cargos a funcionarios electos por elección popular.
El lío en este caso es que el proceso de José Luis Bohórquez es judicial, no penal, pero sí administrativo judicial.
Sin embargo, el alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez se reúne por estos días con diferentes personalidades y busca el apoyo del presidente Gustavo Petro, para que le ayuden con su reclamación. ¿Será que lo logra? Habrá que esperar.