El político boyacense Ciro Alejandro Ramírez Cortés, privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, a través de un comunicado se pronunció sobre el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, y por los cuales el alto tribunal lo acusó.
En su comunicado Ramírez señala:
1. Nunca he pedido dinero, prebendas, ni contratos ante entidad pública alguna en mis 10 años de carrera política. Mi trabajo ha sido público, de estudio, debate y discusión como los colombianos han podido ver en los medios de comunicación y en mis intervenciones en el Congreso.
2. El despacho del magistrado Marco Antonio Rueda ha practicado, entre julio del 2023 y febrero del 2024, más de 70 pruebas testimoniales entre funcionarios del DPS, funcionarios de la Gobernación del Quindío y los contratistas del Convenio 670 del DPS, en las que todos han asegurado que nada tuve que ver con el convenio 670 entre el DPS y la Gobernación del Quindío, o no me conocen. Ni un solo testimonio me incrimina en los delitos que me acusan.
3. El convenio por el cual me imputan cargos (No. 670) no se ejecutó ni en el 1 %, no se entregó un solo peso del erario público y no hubo anticipo. El Convenio 670 lo liquidó y acabó el señor Pierre García, subdirector del DPS, persona con la cual supuestamente me concerté, según el testigo Pablo Herrera. Testigo de oídas que hoy se encuentra en su domicilio recibiendo beneficios por involucrarme en estos hechos.
4. El convenio 670 comprende municipios que no conozco y nunca he visitado. No conozco ninguno de los alcaldes y/o gobernadores de los municipios y departamentos objeto de ese convenio por el cual me imputan los delitos.
5. Conocí a Pablo Herrera en el año 2021 por presentación que a su vez me hizo un empleado de él después de una entrevista en Telecafé en el edificio de la Gobernación del Quindío. A los 15 días de ese encuentro me solicitaron una cita con algún directivo del DPS, petición a la cual accedí, acompañé hasta su presentación y me retiré como ya lo he establecido en la indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, y hay pruebas de ello.
6. Un año después de estos últimos hechos, me abordó el abogado de nombre Mauricio y se presentó como amigo de Pablo Herrera para pedirme el favor que denunciara ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República el acoso sexual del que estaba siendo víctima en esos momentos el testigo de oídas Pablo Herrera Correa, en el Centro
Penitenciario y Carcelario La Picota, donde se encontraba recluido por delitos que no tienen relación conmigo.
7. La solicitud de visita se hizo ante los canales institucionales del Inpec y se llevó a cabo bajo la coordinación establecida por el abogado Mauricio y la pareja sentimental de Pablo Herrera. El encuentro no duró más de 15 minutos en la sala establecida para visitas de todos los internos en el pabellón donde se encontraba recluido.
8. Los supuestos contratistas que según testimonio de Pablo Herrera me entregaron dinero, nunca fueron contratistas del convenio 670 y han negado cualquier entrega de dinero, aun así, me acusan del delito de cohecho sin una sola prueba. Sobre este hecho La Fiscalía General de la Nación ha reiterado que no existen condiciones de tiempo, modo y lugar sobre estos supuestos dineros.
9. Existen pruebas irrefutables en los cuales el señor Pablo Herrera (testigo principal de cargo en este proceso) menciona quién es el verdadero autor de la gestión de este convenio que me imputan a mí y dice lo siguiente a los medios de comunicación del Quindío en el momento de los hechos: “Quiero contarle a los quindianos hoy que después de las gestiones que realiza el señor Gobernador (Roberto Jairo Jaramillo) en la ciudad de Bogotá y del apoyo de toda esta empresa, un equipo de trabajo comprometido, logramos firmar el pasado viernes 12 de noviembre tres contratos muy importantes para el departamento, el primero un contrato de gestión integral con el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) por 49.400 millones de pesos.
10. El magistrado Rueda hace caso omiso de esta prueba e insiste que yo estructuré ese convenio sin una sola prueba directa. Con este elemento está claramente señalado por el mismo testigo quién fue el que gestionó este Convenio ante el DPS.