Se cayó la política pública de envejecimiento y vejez del municipio de Úmbita

Fallo judicial invalidó el acuerdo municipal por medio del cual se adoptó esta política pública.

En el municipio de Úmbita se quedan sin la política pública de envejecimiento y vejez. Foto: archivo particular

Por el hecho de que entre uno y otro debate solo transcurrieron dos días, constituyéndose así una irregularidad de fondo que comprometió la legalidad del acto, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la invalidez del Acuerdo 020 del 2023, por medio del cual se adoptó la política pública de envejecimiento y vejez del municipio de Úmbita.

Como consecuencia de la declaración de invalidez del citado acuerdo, quedan sin efectos en lo pertinente los actos administrativos que hubieren desarrollado directamente lo contenido en el referido acto administrativo. 

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La apoderada del departamento de Boyacá solicitó ante el Tribunal la declaración de invalidez del mencionado acuerdo, 020 del 30 de agosto de 2023, expedido por el Concejo municipal de Úmbita, toda vez que este fue estudiado en comisión el 27 de agosto del 2023 y aprobado en segundo debate el día 30 de agosto del 2023. Es decir, fue aprobado en plenaria dentro de los tres días y no después de los tres días de haberse estudiado en la respectiva comisión como lo prevé la norma.

“En efecto, de acuerdo con la norma en cita para que un proyecto sea acuerdo, debe aprobarse en dos debates, celebrados en distintos días.  Así, “los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva”. De manera que, para que un proyecto se convierta en acuerdo debe ser discutido y aprobado en dos debates, celebrados en distintos días. El primero, le corresponde a la comisión a la que haya sido repartido, y el segundo a la sesión plenaria del concejo, pero solamente después de los tres días siguientes al de su aprobación en la comisión respectiva”, precisó el Tribunal.

Explicó que, la exigencia legal de los dos debates y el término dispuesto para que se surtan los mismos tienen un doble propósito. En primer lugar, el legislador ha querido racionalizar el estudio y aprobación de los proyectos de acuerdo mediante un trámite ordenado y preclusivo. En segundo lugar, busca garantizar el examen y estudio juicioso de los mismos por parte de todos los miembros de la corporación. De esa manera procurar textos normativos, no solo ajustados al ordenamiento jurídico, sino proyectos que se ajusten a las necesidades y requerimientos de la administración territorial por motivos de conveniencia. 

“Acerca de la necesidad de acatar el término legal dispuesto para los dos debates, el Consejo de Estado ha considerado que el principio de instrumentalización se impone tratándose de los debates de las corporaciones administrativas, como lo son los concejos municipales, pues ello asegura la garantía del principio democrático”, manifestaron en la corporación judicial.

Agregaron que, es claro que el procedimiento dispuesto por el legislador en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, debe ser cumplido por las corporaciones municipales al momento del trámite de aprobación de los proyectos de acuerdo, en atención a la materialización de los principios de instrumentalización y democrático.

En este caso concreto la Gobernación de Boyacá censuró el incumplimiento de los términos establecidos en la norma al expedir el acuerdo mencionado.

En ese contexto, según el Tribunal, quedó acreditado que el alcalde del municipio de Úmbita presentó el 9 de agosto del 2023, ante el Concejo Municipal, el proyecto de acuerdo. De igual manera que, los debates ordinarios del mencionado proyecto se llevaron a cabo entre el 27 de agosto y el 30 de agosto del 2023.  

“Conforme lo expuesto, a juicio de esta corporación judicial, no se cumplió con el procedimiento consagrado por el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, irregularidad que vició la legalidad del acto, pues el concejo está supeditado a cumplir el procedimiento fijado en la ley para la aprobación de los proyectos de acuerdos”, indicaron en el Tribunal.

De conformidad con ello, después de presentado el proyecto de acuerdo debió haberse estudiado y debatirse por el Concejo Municipal de Úmbita en primero y segundo debate con un lapso mínimo de tres  días entre estos dos. 

Sin embargo, y como se pudo observar en la certificación expedida por la Secretaría del Concejo Municipal de Úmbita aportada con la demanda, ello no ocurrió, ya que entre uno y otro debate transcurrieron solo dos días.

Sobre el particular reiteró el Tribunal que la finalidad que buscaba el legislador al consagrar el término de los tres días no es otra que la de permitirle a los concejales el estudio del proyecto. “Este requisito, de un período de estudio previo para los miembros de las plenarias y comisiones permanentes, refuerza el pluralismo y el principio democrático, al proporcionar un tiempo de reflexión sobre el contenido del proyecto legislativo antes de su debate y votación”, recalcó el organismo judicial.