Investigan a Fiscales por encubrimiento en falsos positivos

Por presuntamente haber incurrido en omisiones o acciones de encubrimiento en crímenes de falsos positivos en Casanare, dos Fiscales fueron vinculados a la investigación que adelanta la JEP.

El fiscal Rodolfo Leal Galindo, adscrito en su momento al Gaula departamental y Olga Lucía Unudio, fiscal 7 de Tauramena, están en serios problemas con la justicia. Foto: Archivo particular.

De acuerdo a la información obtenida por Boyacá Sie7e Días, se trata del fiscal Rodolfo Leal Galindo, de Casanare y adscrito en su momento, año 2007 al Gaula departamental, quien fue mencionado públicamente por Alexander González Almario, en la audiencia de reconocimiento llevada a cabo en septiembre pasado en Yopal.

Allí se dijo que: “… el señor Leal Galindo, tenía conocimiento de los hechos, de los delitos cometidos, de los extorsionadores, su domicilio, entre otra información, sin embargo, no ordenó su captura”, señaló el despacho del magistrado Óscar Parra.

Además del compareciente González, el propio excomandante del Gaula, mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, indicó que el fiscal Rodolfo Leal Galindo tenía conocimiento de los crímenes que estaban cometiendo.

Adicional a los comparecientes, el fiscal Leal Galindo también fue mencionado por el ex-defensor del pueblo de Casanare, Mauricio Mojica Flórez, quien fue uno de los primeros funcionarios en denunciar directamente la comisión de ejecuciones extrajudiciales en la Brigada 16. Según Mojica, fue tratado de “sapo” por el fiscal Leal Galindo.

Por otra parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también compulsó copias de las declaraciones contra la, en su momento, fiscal 7 de Tauramena (Casanare) Olga Lucía Unudio, quien fue señalada por el compareciente Jorge Edwin Gordillo, durante la audiencia de reconocimiento en Yopal (Casanare).

De acuerdo con lo sostenido por Gordillo, dicha fiscal cerró procesos penales contra dos capitanes, de apellidos Reyes y Vargas, vinculados a dichos crímenes, sabiendo que se trataba de “resultados” ilegales.

Con el fin de que dicha compulsa no se quede en la mera denuncia, la jurisdicción le solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría que en un término de 15 días hábiles informen por escrito a qué despacho fue entregada la denuncia, así como el estado de la investigación.