A Londoño y otros tres funcionarios del Sena la Procuraduría les abrió investigación.
Por presuntas irregularidades en el trámite de contratación de servicios tecnológicos para distintas sedes de la entidad, proceso que tiene un valor superior a un billón de pesos, la Procuraduría General de la Nación les abrió investigación al director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y a otros tres funcionarios de la institución de aprendizaje.
“Los otros funcionarios a quienes se les abrió investigación son el jefe de la Oficina de Sistemas, Carlos Martín Coy Rodríguez, quien fue suspendido provisionalmente por tres meses; la directora Jurídica, Manuela Valentina García Cano, y la funcionaria María Ofelia Gallo Sisa”, indicaron en el Ministerio Público.
El órgano de control investiga posibles irregularidades en la expedición de la resolución que revocó la apertura del proceso de licitación pública, sin que existieran argumentos jurídicos ni técnicos que justificaran esa decisión.
También se investiga si la firma de esa resolución pudo haber afectado derechos jurídicos del proponente Unión Temporal Sena 2.0., y si por tal razón la entidad debió solicitar su autorización para revocar el proceso de licitación.
Respecto a la suspensión provisional del jefe de Sistemas, la Procuraduría explicó que la medida es necesaria, pues en su calidad de ordenador del gasto y líder del proceso de selección que se analiza no brinda las garantías a la entidad ni a la comunidad que se beneficiaría con el desarrollo del proyecto.
“Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, afirmaron en el órgano de control disciplinario.
Este es el proceso de licitación de tecnología más grande que adelanta este Gobierno, para contratar el diseño, instalación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento, soporte y gestión de los servicios tecnológicos del Sena para todas las sedes de esa entidad en el país, por 1,1 billones de pesos, y se ha denunciado que estaría hecho a la medida para que se lo gane una empresa específica, según las denuncias recibidas.
“La licitación se abrió en enero de este año y en ese momento se publicó un cronograma inicial, el cual establecía que la adjudicación del contrato se haría el 29 de marzo del 2023 y la firma el 31 de ese mismo mes. Sin embargo, a la fecha el proceso se encuentra en etapa de recepción de observaciones de los prepliegos, es decir, no hay pliegos definitivos, porque debido al número tan alto de comentarios e inquietudes que se presentaron por parte de los posibles oferentes, el Sena emitió un comunicado a mediados de febrero en donde asegura que se ajustarán los tiempos y que todo lo que se manifestó, se debe revisar”, informó La W en junio pasado.
La emisora agregó que, ese medio conoció que lo que se está advirtiendo por parte de expertos en el sector es que la licitación estaría siendo direccionada con unos pliegos tipo sastre para que nuevamente Telefónica Movistar o Colombia Telecomunicaciones se quede con este millonario proceso.
“Según las denuncias, los pliegos se están orientado a Telefónica por la no aceptación de ninguna observación que se salga de la solución técnica que hoy desarrolla esa empresa. Pero, además, se exige que una empresa que quiera competir tenga experiencia en contratos que mínimo sumados lleguen al 70 % del valor total de este proceso. Es decir, de 700.000 millones de pesos, justo lo que costó el contrato que hace cuatro años le dieron a Telefónica”, aseguró La W en ese momento.
