Tribunal tumbó el presupuesto de Tunja para los últimos tres meses del año ¿qué pasó?

A solo tres meses de finalizar el año, se declaró la invalidez del Acuerdo No. 045 de 2022, por el cual se fijó el presupuesto de la capital Boyacense para el 2023.

Tribunal Administrativo de Boyacá, declara la invalidez del acuerdo que fijaba el presupuesto para el 2023 en Tunja. Foto: Boyacá Sie7e Días.

Todo porque la gobernación Boyacá, como lo hace en la mayoría de los 123 municipios, donde encuentra fallas en el trámite de presupuestos, en este caso solicitó al Tribunal Administrativo de Boyacá que se declarara la invalidez del Acuerdo No. 045 de 2022 por el cual se había fijado el presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Tunja para la vigencia fiscal 2023.

Según lo que argumentó la Gobernación, en dicho acuerdo no se hizo la clasificación y desagregación del presupuesto de inversión de acuerdo con las previsiones de Estatuto Orgánico de Presupuesto, en programas y subprogramas, y que se omitió incluir los fondos especiales, tanto en el presupuesto de ingresos como en el de gastos.

El departamento de Boyacá solicitó al Tribunal Administrativo de Boyacá declarar la invalidez de dicho acuerdo, en razón de que no se hizo la clasificación y desagregación del presupuesto de inversión de acuerdo con las previsiones del EOP (Estatuto Orgánico del Presupuesto), en programas y subprogramas y se omitió incluir los fondos especiales, tanto en el presupuesto de ingresos como en el de gastos.

“En relación con el primer cargo, esta corporación judicial advirtió que en el presupuesto de gastos fijado para el municipio de Tunja para el año 2023 si fueron previstos detalladamente los sectores en que se irían a destinar los respectivos recursos, a saber: información estadística, justicia y del derecho, agricultura y desarrollo rural, educación, tecnologías de la información y las comunicaciones, transporte, ambiente, desarrollo sostenible y cultura”, precisó el Tribunal.

Agregó que, así mismo, en cada sector se discriminaron los programas y subprogramas, por lo que concluyó que no le asistía razón al departamento de Boyacá en la formulación del primer cargo de invalidez, en la medida en que, al fijar el presupuesto de gastos, se desagregaron los recursos de acuerdo a cada sector, estipulando los programas y subprogramas para el cumplimento de las correspondientes metas.

En cuanto al segundo cargo, es decir, la no inclusión de los fondos especiales: Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) y de Gestión del Riesgo, ni en el presupuesto de ingresos ni en el de gastos, sostuvo el organismo judicial que se observaba que algunos de los fondos especiales citados en precedencia fueron incluidos solamente en el presupuesto de ingresos en la forma allí establecida.

“Revisado el acuerdo demandado observó el cuerpo colegiado judicial que sí se incluyó el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset) y, por el contrario, no se incluyeron el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI), ni el Fondo de Gestión del Riesgo”, dijeron en el Tribunal.
A juicio de los magistrados, tal omisión por parte del Concejo Municipal de Tunja desconoció las previsiones del Manual de Clasificación Presupuestal, según el cual los recursos de los dos precedentemente mencionados fondos especiales deben ser incluidos en el presupuesto municipal como contribuciones diversas a las cuales les corresponde un código independiente en el nuevo sistema de clasificación presupuestal.

Explicó que, específicamente, el Fondo de Solidaridad y Redistribución de ingresos ha de utilizarse para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales ayuden a los usuarios de estratos bajos en el pago de las tarifas de los servicios públicos y, por tanto, su incorporación en el presupuesto debe realizarse de manera separada e identificable para cada uno de los servicios públicos domiciliarios, exigencia que no se cumplió en el acuerdo acusado.

Así entonces, como conclusión común en materia presupuestal frente a los fondo-cuenta especiales de FSRI y Fondo de Gestión del Riesgo, señaló la Sala que resultaba imperioso señalar que en el presupuesto de ingresos deben señalarse de manera específica, autónoma e independiente sus recursos, a fin de que se pueda establecer de manera clara y concreta qué recursos se tienen presupuestados que ingresarán al municipio por esos conceptos, cuestión que se echó de menos en el Art. 1° del acuerdo acusado, sin que las argumentaciones presentadas por la defensa del municipio de Tunja sean de recibo en la medida en que las normas en que se crean dichos fondos especiales se señala los recursos que los conforman, así como a qué fines debe orientarse el gasto vinculado a los mismos.
En cuanto a la inclusión de los fondos especiales en el presupuesto de gastos de forma independiente, precisó la Sala que el EOP no estableció el deber de hacerlo. Luego, en principio, las entidades territoriales no tienen la obligación de incluirlos, a menos de que cuenten con su propia norma presupuestal y en ella se consigne expresamente su obligatoriedad.

“En el presente caso, la parte interesada en acreditar la invalidez del acuerdo – departamento de Boyacá- no allegó o solicitó el decreto de prueba alguna en donde se demostrara que el Concejo del Municipio de Tunja, en ejercicio de la autonomía presupuestal que le confiere el numeral 5° del Art. 313 de la CP, haya contemplado la obligatoriedad de incluir dichos fondos en el presupuesto de gastos. Luego al no probarse que en el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Tunja se haya previsto que los fondos especiales deben presentarse en el presupuesto de gastos como secciones independientes y a su vez al no establecerlo así el EOP, este argumento del departamento de Boyacá no tenía vocación de prosperidad pues partía de un supuesto deber no contemplado en la norma nacional y cuya obligatoriedad a nivel territorial no fue acreditada por la parte interesada”, indicaron en la corporación judicial.

Sin embargo, la Sala concluyó que sí tenía razón el ente territorial demandante en lo que tiene que ver con la omisión de incluir los fondos especiales Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) y Fondo de Gestión del Riesgo en el presupuesto de ingresos y rentas del municipio de Tunja, pues como quedó expuesto en precedencia, tal omisión desconocía los principios y normas presupuestales, lo que a su vez imposibilitaba verificar al detalle tales rentas municipales, razones por las cuales se declaró probado dicho cargo.

Frente a la decisión del tribunal, el secretario de Hacienda Publica de Tunja, Jeffer Iván Ochoa, manifestó: “El argumento de la gobernación es que en el artículo primero y en el artículo segundo, no están incluidos el fondo de redistribución del ingreso y el fondo de gestión del riesgo, no están incluidos no presupuestalmente sino expresamente con cada uno de los valores, por esa razón el magistrado acepta la demanda y lo declara invalido. Ya como administración fuimos notificados y en este momento estamos consultando el alcance del fallo”.

De igual manera el funcionario manifestó que el paso a seguir es presentar un decreto adoptando el presupuesto 2022, una vez se firme el decreto se deberán hacer unos ajustes al presupuesto 2022 ya que lo aprobado en ese acuerdo en el 2021 tampoco tenía los fondos, por consiguiente, se debe presentar ante el concejo un proyecto de acuerdo donde se incluyan los fondos y los rubros que no se encontraban en lo que se está ejecutando en el 2023.

Según conoció Boyacá Sie7e Días el decreto para adoptar el presupuesto del año anterior será expedido en los próximos días, y ya cuando se encuentre en firme dicho decreto, será presentado el acuerdo municipal para modificar dicho decreto, puesto que todas las modificaciones que se realicen tendrán que ser puestas en conocimiento del concejo para que este lo apruebe.

Se espera que dicho acuerdo se presente ante el concejo antes de que terminen las sesiones extraordinarias el próximo 30 de septiembre.