En Boyacá 41 municipios están en alerta alta y uno en alerta media. Aquí le contamos cuáles son.
La Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre los municipios del país que presentan algún tipo de riesgo relacionado con las conductas contra los mecanismos de participación democrática, que podrían afectar las elecciones del próximo 29 de octubre.
Según la alerta temprana emitida por la Defensoría, en el departamento de Boyacá 41 municipios se encuentran en alerta alta y uno en alerta media. Los municipios en alerta alta son:
Cubará, Pajarito, Güicán de la Sierra, El Cocuy, El Espino, Panqueba, Chiscas, Chita, Jericó, Socotá, Socha, Paz de Río, Pisba, Paya, Labranzagrande, Sogamoso, Mongua, Tunja, Susacón, Duitama, Guateque, Muzo, Maripí, Chiquinquirá, La Victoria, Quípama, Pauna, San Pablo de Borbur, Otanche, San José de Pare, Santana, Tasco, San Luis de Gaceno, Tutazá, Sativanorte, Sativasur, La Uvita, Soatá, Belén, Samacá y Santa María.
En esta alerta temprana de la Defensoría del Pueblo aparece también el municipio de Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, en alerta media.
En las elecciones territoriales del 2019, el departamento de Boyacá contó con un potencial electoral de 964.783 personas. Para las elecciones de este año, en el territorio boyacense podrán sufragar 1.016.782 ciudadanos (513.198 mujeres y 503.584 hombres), de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil.
“En el departamento de Boyacá, con excepción de los municipios de las provincias de La Libertad, Norte y Gutiérrez, no se perciben mayores riesgos para el proselitismo político y el proceso electoral”, señala el informe de la Defensoría del Pueblo.
Agrega que, en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare han operado y tenido injerencia los grupos armados ilegales del Ejército de Liberación Nacional (Eln, frente de guerra oriental), las desmovilizadas Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), ahora facciones disidentes (del estado mayor central EMC) y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de sus sucesores (ahora Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o Clan del Golfo), como también las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC, no desmovilizadas), quienes han llegado a ser determinantes, no solo avalando o impidiendo la inscripción de candidatos y la realización de campañas proselitistas, sino también torpedeando el proceso, sobre todo el día de las elecciones.
“En el departamento de Boyacá operan los mismos grupos armados ilegales (Eln y FD-Farc), que extienden sus operaciones e injerencias (desde Arauca) en lo que tiene que ver con las provincias de Norte, Valderrama, Gutiérrez, La Libertad y algunos municipios de Sugamuxi, utilizadas como corredores de movilidad que los conecta desde Arauca y Casanare con el interior del país y el departamento de Santander (provincia de García Rovira). Estos corredores son útiles para el desplazamiento de tropas y las actividades insurgentes (proselitismo político y armado, extorsiones y vacunas, reclutamiento y entrenamiento militar, aprovechando la escasa presencia de fuerza pública), como también para influir en las dinámicas políticas locales (elecciones)”, dice el documento de la Defensoría del Pueblo.
Para los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre riesgos inminentes para la población civil por el conflicto armado, que puede exacerbarse en época electoral.
“Son siete alertas tempranas emitidas por la institución en los últimos años (Arauca 2, Boyacá 2 y Casanare 3), las que tienen seguimiento abierto y dan recomendaciones a las autoridades civiles, para que tracen estrategias de prevención y del protección, ante lo cual, no en pocas oportunidades las mismas autoridades, al parecer ante el desconocimiento de lo que implica una política pública de prevención y el papel de la alertas tempranas, salen a desmentir lo dicho por la Defensoría, ignorando lo que pasa en su territorio y su deber de respeto y garantía de los derechos humanos, desatendiendo las advertencias. En ocasiones, al parecer, recurren incluso al silenciamiento de lo que acontece en su territorio, pues sus municipios quedarían en desventaja frente a posibilidades de inversión, turismo y productividad; en otros, simplemente ven la alerta temprana bajo el restringido concepto de orden público, dejando solo en manos de las Fuerzas Militares y de Policía la protección de las comunidades”, afirma la Defensoría.