Una verdadera democracia es un sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo y se ejerce a través de la participación activa de los habitantes.
En la aplicación de este sistema, los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a sus representantes mediante elecciones libres y las instituciones gubernamentales están diseñadas para proteger esas libertades individuales, garantizando la igualdad ante la ley o fomentando la intervención de las gentes en la toma de decisiones.
Una auténtica democracia incluye, entre otras acciones el sufragio universal, que consiste en que todos tienen derecho a elegir y ser elegidos, sin discriminación por motivos de género, raza, religión y menos de origen étnico.
En una democracia efectiva impera la separación de poderes y en nuestro país, el poder está distribuido en diferentes ramas: el legislativo, ejecutivo, judicial y para evitar la concentración de la supremacía en una sola entidad y garantizar un sistema de frenos y contrapesos, es importante que cada quien cumpla su rol, de acuerdo a los principios y objetivos que dieron origen al poder que representa.
El estado de derecho nos dice que la ley es aplicable a todos, incluidos los gobernantes, por lo que la administración está limitada por la ley en sus acciones, en tanto que la libertad de expresión nos dice que los ciudadanos tienen derecho a decir sus opiniones y a acceder a información, sin temor a represalias.
Por otra parte, está la participación ciudadana que no es otra cosa que la oportunidad que tienen todos de involucrarse activamente en el proceso político, ya sea a través de la inmersión en elecciones, el activismo o la vigilancia y presentación de peticiones.
Pero nada de esto sería posible si no existe el respeto a los derechos humanos donde se protegen y veneran las comisiones fundamentales, incluidos las civiles, políticas, económicas, sociales y culturales.
En una auténtica democracia, los funcionarios públicos son responsables de sus acciones y decisiones y deben rendir cuentas a la población que los eligió para refrendar el cumplimiento de sus promesas y la letra menuda redactada muchas veces de manera habilidosa en los planes de desarrollo.
Es oportuno mencionar que ninguna democracia es perfecta y cada país puede enfrentar desafíos únicos en su camino; sin embargo, el objetivo es seguir fortaleciendo las instituciones y promover la participación activa de los pobladores para lograr una sociedad más justa, inclusiva y representativa.
En un país como el nuestro la democracia puede ser agredida o amenazada por diversas operaciones que debilitan o socavan sus principios y funcionamiento, como la corrupción en el gobierno y en los establecimientos públicos donde se erosiona la confianza del pueblo en el sistema democrático y se mina la legitimidad de las autoridades electas.
En los últimos tiempos y tras el surgimiento de las redes sociales se ha vuelto hábito los ataques masivos, las difamaciones y la calumnia, violando los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación, que se atenúan cada día más y con esto se derrumban los pilares esenciales de la democracia.
La intimidación y la represión están haciendo carrera y se ha tornado riesgoso opinar y hablar como se piensa, so pena de ser linchado(a) por las redes sociales, la despedida del cargo de manera repentina, la negación a acceder a los círculos que son únicamente para los dueños de la “torta” y hasta la muerte para aquellos que levanten su voz en representación del clamor público.
Nos encontramos a escasos meses de las votaciones regionales y muchos advierten desde ya el dolo electoral, que no es otra cosa que la manipulación de los resultados a través de prácticas fraudulentas como el soborno, el robo de votos o la maniobra de los sistemas, donde se draga la voluntad de la gente y se debilita la legitimidad de los gobiernos elegidos. Ojalá solo sea un errado vaticinio de quienes lo promulgan.
La concentración del poder en muchos casos y la excesiva libertad en manos de una sola persona o grupo, han aminorado los procedimientos de control y equilibrio que son esenciales para una democracia funcional, más aún cuando la propaganda deliberada confunde a los electores y distorsiona la percepción de la realidad, afectando la capacidad de tomar decisiones informadas en un apócrifo sistema democrático.
Cuando el poder judicial se politiza y pierde su independencia, se disminuye la capacidad de salvaguardar el estado de derecho y las retribuciones individuales, por lo que es urgente revisar el comportamiento de algunos administradores de justicia que regalan la ética y la ponen en una subasta donde el soborno hace de las suyas; por fortuna este mal no se aplica de manera genérica para todos los regentes de la justicia.
Las restricciones a la sociedad civil es una aborrecible práctica que limita o suprime la participación y el papel de organizaciones de la sociedad y de grupos independientes, ocasionando el debilitamiento de la capacidad para influir en las políticas y demandar rendición de cuentas ciertas cotejadas con lo que en verdad viven los vecindarios de a pie.
Los aquí mencionados, son tan solo algunos ejemplos de cómo se agrede la democracia, por lo que es perentorio proteger y fortalecer las instituciones, promover la transparencia, la presentación pública de balances y el respeto a los derechos humanos para preservar y mejorar el sistema democrático en ésta o en cualquier sociedad.
La historia de la democracia en Colombia ha sido compleja y ha atravesado periodos de avances y retrocesos desde la Constitución de 1811, conocida como la Nueva Granada, cuando el país declaró su independencia de España en 1810 y, al año siguiente, se promulgó la primera Constitución de Cundinamarca que luego se catequizó en la referida Constitución de 1811. Esta Constitución estableció una república democrática con división de poderes y la creación del Congreso.
Vendría luego el período de las guerras civiles cuando después de la independencia, Colombia sufrió varias décadas de guerras y conflictos políticos internos, conocidos como las Guerras de Independencia, trances que dificultaron el desarrollo de una democracia estable y solidificada.
La Constitución de 1853 promulgó una nueva que creó la Confederación Granadina y allí se estableció un régimen federal que garantiza algunos derechos civiles y políticos.
Por su parte, la Constitución de Rionegro de 1863 instituyó los Estados Unidos de Colombia, una federación de zonas independientes con un sistema presidencialista y concedió amplia autonomía a esos Estados, lo que generó tensiones políticas en las regiones.
Llegó la Guerra de los Mil Días en 1899 y 1902, conflicto civil catalogado como uno de los aprietos más sangrientos de la historia colombiana, brotado por descontentos políticos y económicos, sin embargo, y a pesar de las devastadoras consecuencias, la guerra llevó a la creación de la República de Colombia en 1903.
En la hegemonía Conservadora de 1886 y 1930 después de la Guerra de los Mil Días, Colombia experimentó un largo período de dominio conservador, caracterizado por la exclusión política y social de los liberales y la limitación de las autonomías urbanas, en tanto que la regeneración y la separación Iglesia-Estado buscó modernizar la nación.
Con el cobarde y planeado asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, se desató un conflicto armado conocido como «La Violencia», que involucró a liberales y conservadores y ocasionó miles de muertes y desplazamientos. Este período de terror influyó en la posterior evolución política del país.
Surge entonces el Frente Nacional en 1958 y 1974 con el propósito de poner fin al terrorismo y establecer una transición hacia una democracia estable, cuyo acuerdo entre los partidos Liberal y Conservador para alternarse en el poder y compartir el gobierno fue el factor predominante. Este período se caracterizó por la exclusión de otros partidos y la implementación de reformas políticas y sociales.
El país vivió posteriormente una apertura democrática a partir de la década de 1970, cuando se produjo una aurora política y se permitió la contribución de otras colectividades en el procedimiento democrático, lo que llevó a una mayor diversidad y la inclusión de nuevas voces en el proceso.
En 1991 se anunció la actual Constitución Política de Colombia que estableció un estado social de derecho, reconoció la diversidad cultural y étnica del país y vigorizó la participación del común.
Y aunque la democracia en Colombia ha enfrentado dificultades y retos a lo largo de su historia, la nación ha seguido avanzando hacia una mayor inclusión política y cooperación habitante y pese a todo, se mantiene vigente la lucha por fortalecer los patronatos y garantizar los derechos humanos, abordando los problemas de violencia y corrupción; tarea a veces fallida que busca la consolidación de una democracia compacta y duradera.
El poder ejecutivo es encabezado por el presidente de la república, quien es elegido por voto popular para un mandato de cuatro años, en las regiones por gobernadores y alcaldes y el poder legislativo reside en el congreso, la cámara de representantes, asambleas y concejos municipales, todos designados mediante el sistema del voto popular.
Los ciudadanos colombianos mayores de 18 años tienen acceso al sufragio y pueden participar en la elección de sus representantes mediante decisiones libres efectuadas en elecciones presidenciales, legislativas y locales periódicamente para escoger a los funcionarios gubernamentales.
Así las cosas, la Constitución Política de Colombia de 1991 es la carta magna vigente que ha sido un pilar importante en el fortalecimiento de los derechos humanos, la descentralización, la participación y el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del país.
Hoy nuestra patria cuenta con una amplia variedad de movimientos que reflejan la diversidad de ideologías y opiniones en la sociedad, y si bien los partidos Liberal y Conservador han sido históricamente los más influyentes, otros han ganado protagonismo en la escena política de la nación.
En los últimos años Colombia ha buscado abordar los problemas derivados del conflicto armado para avanzar hacia la paz y a pesar que en el año 2016 se firmó un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país sigue en la puja con los grupos armados para llegar al anhelo colectivo y encontrar el fin de un aprieto que sigue ocasionando todos los días destrucción, desintegración, barbarie, tragedia, dolor y muerte.
Así y a grandes rasgos ha sido la democracia en Colombia, para unos un apelativo del que se ufanan y proclaman a los mil vientos y para otros una cruda realidad que contradice los slogans de las administraciones y los discursos de verbo florido que describen un país de fantasías que no existe, pero, como sea, debemos seguir luchando unidos para que la democracia se encarne y se cristalice en el diario vivir de la cotidianidad colombiana.