La concejal Tránsito Edith Aponte Lizarazo, del partido Verde, resultó en un lío mayúsculo por un error garrafal, por una indelicadeza cometida en un caso de conflicto de intereses, que fue sancionado por el Tribunal Administrativo de Boyacá y acaba de ser confirmado por el Consejo de Estado.
Resulta que en el año 2005 el alcalde de Susacón hizo una reforma administrativa y suprimió el cargo técnico que tenía la señora Tránsito Edith y ella salió de la administración y la norma obligaba a que en los siguientes seis meses le solucionara su situación, creándole un nuevo cargo o indemnizándola, pero el mandatario no hizo nada de esto.
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Por esa razón, la mujer demandó y un juez condenó al municipio a pagarle una cifra superior a los 200 millones de pesos, que en virtud de una conciliación se había venido cancelando de acuerdo a la liquidez del municipio, haciendo pagos parciales.
Sin embargo, la exempleada de la alcaldía (derecha en la foto) se lanzó al concejo y ocupando una de las siete curules fue electa presidenta de la corporación, periodo en el que participó en la discusión y votó un proyecto de acuerdo que adicionó recursos para el pago de demandas, con la finalidad de ella pagarse del saldo que le tenía, es decir algo así como un proyecto sastre, hecho a la medida.
Según la norma, ella debió haberse declarado impedida por un claro conflicto de intereses, pero como votó y ayudó a aprobar el proyecto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, terminó declarándole la pérdida de la investidura, decisión que acaba de ser confirmada por el Consejo de Estado y ante la cual ya no tiene instancia alguna de defensa.