Panamá fue -en sexto lugar- el país que registró un mayor aumento proporcional en su puntuación.
Con información de la Agencia EFE
Uruguay, Costa Rica y Chile fueron los países de América Latina más eficaces a la hora de combatir en el 2023 la corrupción en la región, según detectó un informe divulgado esta semana que, en general, refleja un entorno sometido a continuas presiones.
El índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), publicado por el laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks, evaluó la capacidad de un total de 15 países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.
Ese baremo registró un descenso en la puntuación promedio de América Latina por primera vez desde el 2020, al caer las puntuaciones en diez de los quince países estudiados, siendo los peor valorados Venezuela, Bolivia y Guatemala.
Leandro Lima, analista del Cono Sur para Control Risks, destacó a EFE que el declive detectado en la puntuación regional indica que los esfuerzos anticorrupción continúan enfrentando presiones.
Según este experto, esto resalta que ningún país es inmune a experimentar estancamiento o retroceso en la lucha contra la corrupción.
Examinando 14 variables, como la independencia de las instituciones judiciales, el informe evaluó y clasificó a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción.
Un reto para toda la región
La corrupción sigue siendo un reto en toda América Latina, ya que el 70 % de los participantes en la encuesta convinieron en que es una de las principales preocupaciones para la mayoría de las personas en su país, conforme al texto.
No obstante, otros factores como la delincuencia violenta, la lenta recuperación económica tras la pandemia y la preocupación por el retroceso democrático se han convertido en prioridades más importantes para los gobiernos, los medios y la sociedad, apunta.
Uruguay volvió a ocupar el primer puesto del índice, aunque experimentó un retroceso, mientras que Costa Rica y Chile conservaron la segunda y tercera posición pese a experimentar, también, retrocesos moderados.
Panamá fue -en sexto lugar- el país que registró un mayor aumento proporcional en su puntuación, gracias sobre todo a las mejoras en su capacidad legal, y, junto con la República Dominicana y Paraguay, mejoró su puntuación general por tercer año consecutivo.
En cambio, Guatemala (decimotercero) y Venezuela (el peor puntuado, en el decimoquinto puesto del ‘ranking’) tuvieron cada uno descensos sustanciales en sus puntuaciones generales.
Guatemala y México (duodécimo), por su parte, fueron los dos únicos países que han disminuido en sus puntuaciones cada año desde el 2019 (año de la primera publicación), según estos hallazgos.
Preguntado por EFE, el director asociado en Control Risks, Theodore Kahn, observó que el resultado de Venezuela no sorprende.
Según opinó, «es un reflejo del proceso de deterioro institucional y erosión de la democracia que ha sufrido el país desde hace ya varios años y que ha permitido al partido oficial cooptar o eliminar casi todos los controles y contrapesos institucionales, políticos y sociales que normalmente existen en un sistema democrático».