De acuerdo con el consejo de seguridad realizado en Tunja este jueves, hasta ahora se ha evidenciado una posible omisión de parte de la UNP, lo cual es objeto de investigación.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar para establecer posibles responsables de omisiones de funcionarios públicos relacionadas con las medidas de protección que se debían brindar a la lideres social Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, situación que trajo consigo la tentativa de feminicidio en su contra el pasado 10 de abril en la ciudad de Tunja.
De acuerdo con la denuncia de la víctima, ella recibió un ataque con ácido, que le afectó gravemente su rostro y su cuerpo.
Según pudo establecer el Ministerio Público, por parte de diferentes autoridades se habría solicitado en varias ocasiones a la Unidad Nacional de Protección (UNP) medidas de protección y un esquema de seguridad por riesgo extraordinario para la lideresa, que nunca se materializaron.
Entre las pruebas ordenadas por el Ministerio Público para determinar si procede a iniciar investigación disciplinaria están un informe policial detallado sobre cómo ocurrió el ataque y cómo fue atendido por la fuerza disponible, así como las copias de las solicitudes de protección hechas por la Policía y por ella de manera personal a la UNP y las respuestas entregadas por esa entidad.