El gobernador de Boyacá aseguró que sigue elevando solicitudes ante el Gobierno Nacional para que respalde con recursos este programa que ha sido ejemplo a nivel nacional.
Precisamente acaban de sostener una mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Alimentación Escolar, en Bogotá con el ánimo de avanzar en la prestación del servicio del Plan de Alimentación Escolar (PAE) a los niños y niñas de la región.
El mandatario expresó, que el departamento de Boyacá ha sido modelo en la gestión de la alimentación escolar, sin embargo, para el 2023 por distintas circunstancias, varios municipios no han podido iniciar a tiempo la ejecución del Plan Alimentario.
Gracias al gobierno de Ramiro Barragán, en la actualidad son 160.349 los estudiantes beneficiados con el Plan Alimentario Escolar de los cuales 133.544 están distribuidos en planteles de los 120 municipios no certificados y los 26.805 restantes pertenecen a los tres municipios no certificados.
“Uno de los argumentos que nos han entregado los mandatarios, es el alza desmesurada de los precios, por lo tanto, los operadores no se presentan a las convocatorias; otra de las dificultades que se ha presentado es el tema vial con el problema del invierno que azota a Boyacá”, indicó Barragán.
Aseguró que, tras este encuentro, se han fijado algunas metas claras para poder llevar a acabo la ejecución del plan, como son: el acompañamiento desde la Gobernación a los municipios para sortear las dificultades, así como buscar financiación, además de regular la normatividad referente al PAE.
A su vez Juan David Vélez- Subdirector General de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, indicó que Boyacá cuenta con más del 95% de operación en sus municipios de forma oportuna y aseguró que la región siempre ha sido un ejemplo a nivel nacional.
“Es de los modelos que queremos replicar en todo el país, ya que descentralizan la operación en los municipios, los acompañan y les hacen un seguimiento. Sobre los cincos municipios que hoy no han podido iniciar, hemos llegado a unos acuerdos para revisar unas condiciones diferenciales, ya sea a través de un paquete alimentario como en el caso del municipio de La Victoria”, indicó Vélez.
Fue enfático en asegurar que urge reglamentar la Ley 2167, para poder viabilizar la operación del PAE a través de las Asociaciones de Padres de Familia y el Fondo de Servicios Educativos.
“Regiones como Boyacá que tienen tantos municipios con poca densidad demográfica, se hace fundamental poder hacerlo a través de este tipo de modelos, porque para un gran operador, no es viable pagar manipuladores en una sede educativa que cuenta con cinco o seis estudiantes”, afirmó.