Tribunal revocó la decisión de Juez de Duitama y ordenó la recaptura del concejal y empresario Pablo Santiago

El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo revocó la decisión del juez primero Penal del Circuito de Duitama y deja en firme la imputación y la medida de aseguramiento contra el concejal y empresario, Pablo Andrés Santiago Berdugo (derecha en la foto).

El escándalo para el juez primero Penal del Circuito de Duitama Álvaro Rincón (izquierda) continúa, luego de dejar en libertad al concejal Pablo Santiago (derecha). Foto: Archivo/Boyacá Sie7e Días.

Los magistrados se pronunciaron la tarde de este jueves, tras darle un trámite de urgencia a esta apelación, por tratarse de un caso tan sonado en Duitama y el departamento por la cantidad de personas que se han declarado víctimas de estafa.

El pasado 2 de marzo, en un muy polémico fallo, el juez Álvaro Rincón Monroy (izquierda en la foto) declaró la nulidad de la captura de Pablo Santiago, quien estaba en la cárcel desde el pasado 13 de diciembre acusado de captación ilegal de dineros.

Así las cosas, el juez Rincón Monroy, además de enfrentar una nueva investigación en su contra, como es lógico, pierde la competencia en el proceso contra Pablo Santiago, el cual pasará a un nuevo togado que lo asignará el centro de apoyo judicial, para que sea quien lleve el caso desde este momento hasta la sentencia.

El juez primero le había dado la razón a la defensa de Pablo Santiago quien había solicitado la nulidad en la imputación porque no existieron elementos fuertes de convicción como decirle cuánto dinero supuestamente captó por Construcol y cuánto a título personal, así como que hay contratos civiles y que puede ni siquiera haber existido la captación ilegal.

La Fiscalía y el Ministerio Público coincidieron en que sí le había informado todo al señor Pablo Santiago y anunciaron ese mismo 2 de marzo, que apelaban la decisión.

Precisamente en la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos que terminó con la decisión del juez de privar de la libertad a Pablo Santiago, el pasado 13 de diciembre, el fiscal 16 Mauricio Melo, una a una enumeró las pruebas recaudadas en por el ente acusador a través de diferentes métodos, incluidos los hallazgos hechos por un investigador asignado por la misma Fiscalía al caso.

Desde el 13 de diciembre pasado el concejal y empresario Pablo Santiago permanecía privado de la libertad, en la cárcel de Duitama. Foto: Archivo particular.
Esta tarde el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo negó la libertad concedida por un juez y ordeno la captura inmediata del concejal Pablo Santiago. Foto: Archivo/Boyacá Sie7e Días.

En su exposición que adelantó durante casi una hora, el fiscal se refirió a la acusación de haber captado por lo menos 2.320 millones de pesos que fueron evidenciados en la reclamación de un total de 86 personas, muchos de quienes llegaron a invertir cifras de hasta 60 millones de pesos y según él (fiscal) serán números que irán creciendo exponencialmente luego de la audiencia, como efectivamente sucedió.

Adicionalmente, en aquella oportunidad entregó detalles del modus operandi de Pablo Santiago, según el cual a través de contratos anticresis (contrato civil que permite pagar una deuda al acreedor con los frutos o rentas generados por una propiedad) con cinco inmuebles logró captar altas sumas de dinero y que por otro lado empeñaba apartamentos en una construcción denominada Torre Barcelona en donde empeñaba apartamentos hasta 50 veces y respaldaba la deuda con letras de cambio.

Pero además en el relato del fiscal se añadió en diciembre pasado que denunciantes y testigos concordaban en que Santiago compraba camionetas de alta gama, hacía conciertos, patrocinó campañas políticas y que adquirió una finca en la que construyó un palacio por cerca de 3.000 millones de pesos que tiene caballerizas, piscina, jacuzzis.

Adicionalmente se aseguró en su momento que por lo menos unas 8.000 personas incautas habrían resultado estafadas afectadas desde el año 2018 cuando este comenzó con su empresa Grupo Constructor Inmobiliario (Construcol).

Y según las pruebas encontradas por la Fiscalía, en el momento en que se conoció sobre la intervención por parte de la Superintencencia, les dio la orden a sus empleados de ocultar o desaparecer todos los contratos anticresis que tuvieran en las oficinas de Duitama, Sogamoso y Tunja.

“El tema ahora le corresponde a la Fiscalía, pero lo que puede pasar son dos cosas: una que Pablo Santiago se presente ante las autoridades y pueda ejercer su defensa, pero si no lo hace, se defenderá desde la clandestinidad a través de su abogado, eso sí huyendo de la justicia, mientras se define su situación”, explicó uno de los abogados de las víctimas.