Álvaro Rincón, el Juez primero Penal del Circuito de Duitama (izquierda), el mismo del escándalo por haber gritado e insultado a una abogada en medio de una audiencia, ahora se pone en el ojo del huracán tras ordenar la libertad inmediata del concejal y empresario Pablo Andrés Santiago Berdugo (derecha), quien acusado de captación ilegal de dineros estaba preso en la cárcel de Duitama desde el 13 de diciembre pasado.

La defensa de Pablo Santiago solicitó una nulidad en la imputación porque no existieron elementos fuertes de convicción como decirle cuánto dinero supuestamente captó por Construcol y cuánto a título personal, así como que hay contratos civiles y que puede ni siquiera haber existido la captación ilegal.
“Este juez es un sinvergüenza, esto no tiene ninguna justificación cómo va a decir que los contratos civiles, civiles son, es una decisión sin ningún argumento jurídico válido y desde luego que en el tribunal le van a echar abajo esa decisión, pero el problema es que lo deja en libertad y se pierde el derecho de las víctimas como el de comparecer y no intervenir en el proceso. Pablo Santiago no va a regresar a la cárcel, ese señor se va a volar”, dijo uno de los abogados de la defensa de las víctimas quien pidió la reserva de su nombre.
Y añadió el abogado al referirse a la decisión tomada al caer la tarde de este miércoles, que es una totalmente arbitraria, porque el que define si hay captación es la Superintendencia y no un juez como lo hizo en este caso al respaldar el argumento de la defensa del indiciado de que por ejemplo no le habían dicho en qué municipios había supuestamente captado los dineros y por qué montos, para que él se pudiera defender.
La Fiscalía y el Ministerio Público coincidieron en que se le había informado sucintamente todo al señor Pablo Santiago y que apelarán la decisión, por lo que ahora, la resolverá el Tribunal superior de Santa Rosa de Viterbo, pero en un tiempo no menor a dos o tres meses y luego de que la Fiscalía vuelva a hacer la imputación.
Lo que dijo el fiscal el 13 de diciembre

En la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos que terminó con la decisión del juez de privar de la libertad a Pablo Santiago, el pasado 13 de diciembre, el fiscal 16 Mauricio Melo, una a una enumeró las pruebas recaudadas en por el ente acusador a través de diferentes métodos, incluidos los hallazgos hechos por un investigador asignado por la misma Fiscalía al caso.
En su exposición que adelantó durante casi una hora, el fiscal se refirió a la acusación de haber captado cerca de 2.320 millones de pesos que fueron evidenciados en la reclamación de un total de 86 personas, muchos de quienes llegaron a meter cifras de hasta 60 millones de pesos y que según él serán números que irán creciendo exponencialmente luego de la audiencia de hoy.
Según explicó el funcionario, en la investigación se logró comprobar que el indiciado Pablo Santiago adelantó reuniones clandestinas en las que amenazó a la gente que le reclamaba y hasta los hizo retirar las denuncias si no querían perder su dinero.
Mauricio Melo explicó cómo dentro de los testimonios recaudados encontraron que en las reuniones prohibía algún tipo de uso de celular o grabación de lo que allí se dijera y que hasta los hacía firmar un documento de confidencialidad sobre lo que se enteraran, so pena de multas de hasta 400 salarios mínimos.
Adicionalmente entregó detalles del modus operandi de Pablo Santiago, según el cual a través de contratos anticresis (contrato civil que permite pagar una deuda al acreedor con los frutos o rentas generados por una propiedad) con cinco inmuebles logró captar altas sumas de dinero y que por otro lado empeñaba apartamentos en una construcción denominada Torre Barcelona en donde empeñaba apartamentos hasta 50 veces y respaldaba la deuda con letras de cambio.
Pero además en el relato del fiscal se añade que denunciantes y testigos concuerdan en que Santiago compraba camionetas de alta gama, hacía conciertos, patrocinó campañas políticas y que adquirió una finca en la que construyó un palacio por cerca de 3.000 millones de pesos que tiene caballerizas, piscina, jacuzzis.
Adicionalmente se asegura que por lo menos unas 8.000 personas incautas habrían resultado estafadas afectadas desde el año 2018 cuando este comenzó con su empresa Grupo Constructor Inmobiliario (Construcol).
Y según las pruebas encontradas por la Fiscalía, en el momento en que se conoció sobre la intervención por parte de la Superintencencia, les dio la orden a sus empleados de ocultar o desaparecer todos los contratos anticresis que tuvieran en las oficinas de Duitama, Sogamoso y Tunja.