El Gobierno de Australia anunció este lunes que permitirá que más de 19.000 refugiados que se encontraban con un visado temporal de protección puedan solicitar la residencia permanente en el país.
La medida, que entrará en vigor en marzo, beneficiará a miles de refugiados de Afganistán, Irán, Somalia o Birmania que ingresaron en el país antes de 2013, cuando Australia puso en marcha la Operación Fronteras Soberanas con el objetivo de fiscalizar sus aguas y frenar la inmigración ilegal, según precisó una nota conjunta emitida por el Ministerio de Interior y de Inmigración.
Asimismo, se aplicará a los titulares de los dos tipos de visados temporales que otorga Australia a aquellos que intentaron llegar ilegalmente al país por la vía marítima, denominadas TPV y SHEV (siglas en inglés) y que hasta ahora vivían en «un limbo» legal ante el temor de ser expulsados.
Ellos «trabajan, pagan impuestos, comienzan a hacer negocios, emplean a australianos y construyen una vida en nuestras comunidades, la mayor parte del tiempo en áreas rurales y regionales. No obstante, sin un visado permanente no pueden pedir un préstamo para comprar una casa, construir un negocio y seguir estudiando», subrayó el titular de Inmigración, Andrew Giles, en la nota.
Con la nueva medida, los refugiados pasarán a gozar de los mismos derechos que los residentes permanentes en Australia, que incluyen los pagos de la seguridad social o los préstamos universitarios, y en el futuro acceder a la ciudadanía australiana.
El Gobierno australiano igualmente anunció que destinará 9,4 millones de dólares australianos (6,5 millones de dólares estadounidenses o 6 millones de euros), para ayudar en el proceso de solicitud de visa por parte de «esos refugiados en el limbo» durante dos años.
La medida fue celebrada por organizaciones defensoras de los refugiados y derechos humanos, que calificaron la decisión como un «momento histórico».
«Es un momento histórico, que pone fin a casi una década de una política inhumana que sólo ha causado daños y traumas indecibles a las personas que buscaban protección en Australia», remarcó el director ejecutivo del Consejo para los Refugiados en Australia, Paul Power, en un comunicado.
Con esta decisión, el Gobierno del laborista Anthony Albanese cumple una de las promesas electorales antes de que se alzara al poder tras las elecciones de mayo de 2022, aunque fue tajante al afirmar que la medida tan solo se aplicará a los refugiados que entraron al país antes del 2013 y de la controvertida Operación Fronteras Soberanas. EFE