Los procedimientos no se cumplen – Noel Antonio Pongutá #ColumnistaInvitado

Es oportuno revisar los procedimientos vigentes para la fijación de las tarifas de los servicios públicos en Colombia ante la crisis en que nos encontramos. En efecto, las juntas directivas elaboran y aprueban el proyecto de tarifas a cobrar en su empresa para sostener económicamente la prestación de los servicios públicos que presta.

Dicho proyecto se envía a la junta de vigilancia nacional del respectivo servicio, la cual lo aprueba o lo ajusta a los parámetros nacionales vigentes al respecto.

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¿En qué se basa la respectiva junta para elaborar su proyecto? En los costos en que incurre para su funcionamiento. Entonces la responsabilidad de revisar los costos está en la base, porque tiene que vigilar y controlar ese monto para que sus tarifas se enmarquen dentro de una prestación económicamente rentable.

La comunidad siempre está pendiente de que se le preste dicho servicio con eficiencia y calidad o de lo contrario pone un grito en el cielo o busca un mecanismo drástico de reclamo.

Veamos entonces en dónde está la falla a nivel local. Internamente debe revisar el funcionamiento, los costos de la nómina de personal, el valor de los insumos y repuestos que debe mantener en sus almacenes porque debe prevenir las posibles fallas, cuyas soluciones no dan espera ni los usuarios lo permiten. Uno de los costos que más influye es el de las pérdidas que se presentan por fugas ocasionales y sobre todo por los contrabandos que muchos usuarios efectúan. En el sector eléctrico existe la posibilidad de pérdidas por fallas técnicas, líneas en corto o con inducción a tierra, o por iluminaciones nocturnas innecesarias o por artículos domésticos en malas condiciones.

Un factor influyente en algunas empresas que prestan servicio de energía, por ejemplo, son los pagos exagerados de créditos, muchos de origen extranjero que se reflejan en el costo de los dólares, o de las máquinas y equipos traídos del exterior. Los gastos lujosos o extraordinarios se deben evitar. Las pérdidas de elementos en los depósitos y almacenes son inaceptables.

Actualmente existe la obligación de que los usuarios elijan un veedor para que esté pendiente de controlar todas estas posibles situaciones. También es obligatorio el funcionamiento de las Oficinas de Reclamos. En las juntas directivas de las empresas de servicios públicos debe haber alguna representación de los usuarios. Generalmente están solamente las autoridades que descuidan su responsabilidad de control de todas estas situaciones.

Un punto muy importante que no se puede soslayar ni dejar de considerar en las empresas de servicios públicos es el de prever con suficiente anticipación la reserva de fondos para ampliar los servicios en el inmediato futuro, porque el crecimiento de usuarios es permanente como el crecimiento de la población lo va demandando. Nuevas viviendas, industrias e instalaciones que aparecen acuden a las empresas para pedir nuevos servicios y no se les puede negar.

Como ven, el tema es de mucha consideración y depende de un esfuerzo común para su mantenimiento, por lo tanto nos interesa a todos porque el servicio público más costoso es el que no se tiene.