Nueva decisión judicial en el caso que dejó por fuera dos meses al alcalde de Santa Rosa de Viterbo

“No he suspendido mis funciones y continúo ejerciendo como alcalde municipal de manera normal, al considerarse que no existe ninguna causal legal que a la fecha impida, ejercer las funciones propias de mi cargo”.

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo dio por terminada la investigación que adelantaba contra el alcalde Wilson Ricardo Báez. Foto: Archivo/Boyacá Sie7e Días.

Con esta reacción se refirió el alcalde de Santa Rosa de Viterbo Wilson Ricardo Báez Solano al reciente fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo con el que se da por terminada la citada investigación, mediante la extinción de la acción penal.

“Que, con ocasión del proceso penal iniciado en mi contra, por el presunto delito de ‘prevaricato por omisión y peculado por apropiación’, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, luego de agotar todos los trámites procesales pertinentes, de garantizar los derechos legales y constitucionales de todas las partes en el proceso penal, profirió decisión de fecha 24 de enero de 2023, en la cual da por terminada la citada investigación, mediante la extinción de la acción penal, decisión que tiene efectos de cosa juzgada, es decir, que el asunto ha quedado resuelto y la decisión se encuentra ejecutoriada y en firme”, aseguró el mandatario.

Y añadió que “en ningún momento como alcalde municipal ha sido destituido o reemplazado en forma permanente de mis funciones: que solo para efectos de este proceso, se nombró un Alcalde AD-HOC, a fin de representar y garantizar los derechos del Municipio, previo cumplimiento del procedimiento que debe cumplirse ante la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior”.

El alcalde se refiere a un reciente fallo de la Procuraduría General de la Nación en el que lo había sancionado con suspensión de dos meses al alcalde de Santa Rosa de Viterbo, Wilson Ricardo Báez Solano (2020-2023), por omisión de su deber funcional durante el periodo de mandato 2012- 2015.

La Procuraduría en su momento comprobó que el exalcalde incurrió en falta disciplinaria al no dar inicio oportunamente al pliego de solicitudes presentado el 28 de marzo del 2014 por el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Servidores Públicos de los Municipios del departamento de Boyacá, puesto que fue un año después que fueron atendidos los requerimientos.

“Con la decisión judicial se restablecen mis derechos y garantías fundamentales, dignidad y buen nombre: al vernos afectados junto con mi familia y la administración municipal, por persecuciones temerarias, que mediante motivaciones infundadas aseveran hechos injuriosos y calumniosos sin razonamiento o sustento legal alguno; es claro, que es un derecho de la ciudadanía ejercer un control social a la gestión pública, pero debe hacerse con objetividad, transparencia, legalidad y responsabilidad”, concluyó el mandatario.