No prosperó demanda contra el Instituto de Tránsito de Sogamoso (Intrasog)

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Demandantes reclamaban que se declarara responsable al Intrasog por daño emergente y lucro cesante en caso de camión con matrícula irregular.

No prosperó demanda contra el Intrasog por caso de camión con matrícula irregular. Foto: archivo particular
No prosperó demanda contra el Intrasog por caso de camión con matrícula irregular. Foto: archivo particular

El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso (Intrasog), el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte fueron demandados como presuntos responsables de los perjuicios materiales causados a los compradores de un camión con matrícula irregular.

Según la demanda, interpuesta por Edward Andrey Espinosa Rodríguez y Azriel Alexander Avella Villamil, el señor José Eliécer Chaparro Lemus matriculó el camión de servicio público, marca Hino, identificado con la placa XGD-870, y obtuvo la licencia de tránsito número 10002646598 del 29 de septiembre del 2011 ante el Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso.

Que el señor José Eliécer Chaparro Lemus, como vendedor, y los demandantes, en calidad de compradores, celebraron un contrato de compraventa el 20 de enero del 2015, con el objeto de adquirir el vehículo automotor señalado, por lo tanto, el Intrasog expidió la licencia de tránsito número 10010242235 a nombre de los compradores.

Que el vehículo “contaba con un contrato fijo de prestación de servicios de carga (recolección y distribución de lácteos con un producido) por la suma de 3.200.000 pesos ingreso mensual, del que se deducen los gastos de mantenimiento, rodamiento, compra de llantas y reparaciones mecánicas, quedando un neto mensual de 2.000.000 de pesos.

Que los demandantes celebraron, en calidad de promitentes vendedores, una promesa de compraventa del vehículo identificado con placa XGD 870 con la señora Ángela María Méndez Novoa.

Que este negocio jurídico no se pudo llevar a cabo porque, al revisar los documentos, se encontró una irregularidad en el registro inicial del vehículo. 

Que los demandantes le reclamaron al vendedor inicial, quien manifestó que no tenía conocimiento y que todo “estaba en regla”; sin embargo, había interpuesto una denuncia por estafa por las irregularidades presentadas en el registro inicial del vehículo. 

Que era posible establecer que “el objeto vendido está viciado, para su uso, explotación económica y objeto por el cual fue creado, porque en tales condiciones no puede rodar libremente por las carreteras del país e incluso en un momento dado el servicio internacional de carga por carretera, porque simple y sencillamente no tiene cupo – no es de servicio público, al haber sido irregularmente matriculado a conciencia y paciencia de su propietario inicial José Eliécer Chaparro Lemus, quien con este conocimiento asaltó en su buena fe a los compradores” .

Que los demandantes no conocían sobre las irregularidades cuando celebraron el negocio jurídico, toda vez que esta situación se estableció el 18 de septiembre del 2017 y “el vendedor al ocultar la verdadera situación jurídica del rodante de placas XGD 870 ha ocasionado graves daños y perjuicios, morales y materiales” .

Que el señor José Eliécer Chaparro Lemus omitió sanear el vicio oculto del objeto que vendió.

Que a partir del 3 de febrero del 2018 las autoridades de tránsito o la Policía Nacional pueden retener el vehículo de forma definitiva.

Que el vehículo estaba destinado al sustento familiar, pero como consecuencia de los hechos narrados, no se ha podido explotar económicamente.

Los fallos judiciales de este caso

En fallo de primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso negó las pretensiones de la demanda. Esta sentencia fue apelada por los demandantes.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia proferida el 15 de mayo del 2020 por el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso, con las siguientes consideraciones:

Del análisis de las pruebas el Tribunal encontró que, los demandantes sufrieron un daño relacionado con la adquisición del vehículo automotor, cuya situación jurídica era irregular, toda vez que el Ministerio de Transporte no expidió, previo a su registro inicial, el Certificado de Cumplimiento de Requisitos o la aprobación de la Caución. No obstante, lo relevante estaba en determinar si dicho daño tenía la connotación de antijurídico.

Del estudio respectivo del caso coligió la corporación judicial que, si bien se presentó un daño, este no era antijurídico en la medida en que los demandantes, en calidad de compradores, tenían un deber de diligencia en el momento en que adquirieron el vehículo, consistente en asegurarse de que este contaba con todos los requisitos exigidos en el ordenamiento, lo cual se podía verificar acudiendo a la carpeta del automotor que reposaba en el Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso.

“Entonces, los demandantes incurrieron en una conducta omisiva que conllevó a la adquisición del vehículo el cual presentaba un error en el registro inicial y, en estas condiciones, deben asumir las consecuencias negativas de ello”, indicó el ente judicial.

Sobre el particular, señaló que precisamente, el “[…] ordenamiento jurídico exige un mínimo de diligencia de la parte de las personas que intervienen en el tráfico jurídico con miras a adquirir o enajenar sus bienes, en virtud de la cual se le imponen a los particulares unas cargas concretas, entre las cuales se encuentra, sin lugar a dudas el conocimiento, en condiciones de normalidad y siempre respetando la presunción de buena fe que rige las relaciones entre particulares y el Estado, de la situación jurídica del bien que se va adquirir o enajenar, según el caso, carga que a su vez se encuentra sustentada en el Principio General del Derecho según el cual nadie puede alegar su propia culpa […]”.

Se reiteró que, analizadas las pruebas en conjunto, bajo las reglas de la sana crítica, era posible inferir que los demandantes, en calidad de compradores, no habrían celebrado el contrato de compraventa con vendedor en el caso de enterarse de la situación jurídica del vehículo, lo cual se habría superado con una conducta diligente de su parte.

Además de lo expuesto y al margen de la responsabilidad de los demandantes por celebrar un negocio jurídico sin tener en cuenta las reglas de la diligencia y cuidado que se exige para evitar posibles daños, la Sala consideró imprescindible destacar que la demanda fue estructurada con fundamento en la responsabilidad del vendedor como causante directo del daño, en la medida en que vendió un bien con vicios.

“En efecto, según la demanda y las pruebas que obraban en el proceso, el daño lo ocasionó el vendedor por promover los trámites de registro inicial del vehículo objeto del negocio quebrantando la normativa vigente, así como vender en estas condiciones ese bien, sin advertir tal circunstancia a los compradores; y, además, por incumplir el contrato de compraventa respecto del saneamiento de los vicios”, precisó el Tribunal.

Agregó la corporación judicial que, en síntesis, según la demanda y las pruebas que obran en el proceso, el daño lo ocasionó el señor José Eliécer Chaparro Lemus por promover los trámites de registro inicial del vehículo de placa XGD 870 quebrantando la normativa vigente, así como vender en estas condiciones ese bien, sin advertir tal circunstancia a los compradores, y, además, por incumplir el contrato de compraventa respecto del saneamiento de los vicios. 

“Por ello, el daño que reclaman los demandantes no se originó por un hecho, acción u omisión imputable al Estado, sino en la venta de un vehículo que no cumplía con los requisitos legales para que prestara el servicio de transporte de carga, circunstancia imputable al señor José Eliécer Chaparro Lemus”, afirmó el

Tribunal.

En suma, el estrado judicial confirmó la sentencia apelada, pero porque no se probó un daño antijurídico imputable a las entidades demandadas.

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