El juez Cuarto Penal municipal, Carlos Andrés Otálora Fonseca, dio a conocer su decisión refiriéndose a la solicitud de la Fiscalía de la detención preventiva de la libertad del empresario y concejal Pablo Andrés Santiago Berdugo.
Dijo que el señor Pablo Santiago es inocente hasta que un juez de conocimiento determine algo diferente, aseguró que también están las garantías para todos y que hay once medidas de aseguramiento de las cuales solo dos son privativas de la libertad, pero para garantizar el desarrollo del proceso de justicia decide privarlo de la libertad.
El juez Otálora Fonseca decidió privar de la libertad en establecimiento carcelario al concejal y propietario del Grupo Constructor Inmobiliario (Construcol), que fue intervenida desde septiembre pasado por la Superintendencia Financiera por considerar que en libertad puede seguir obstruyendo la justicia como ya lo ha hecho.
Además el togado calificó el delito como gravísimo porque se afectó el patrimonio de las personas, de una comunidad que vive del día a día, que confiaron en un concejal, en una persona que se organizó para captar dinero, que no hay ningún error que tuvo continuidad en la actividad delictiva y peligro de reiteración, que se le ordenó devolver los dineros, que frente a los montos que hizo, los pagos que ha hecho son mínimos, que está el delito de no devolución, que existe el riesgo de reiteración.
Hasta el momento, de acuerdo con los elementos materiales de prueba aportados por el ente investigador, el procesado habría utilizado su posición para ganarse la confianza de, al menos, 310 personas a quienes habrían defraudado en más de 5.500 millones de pesos. Según las denuncias los hechos se presentaron entre septiembre de 2020 y agosto de 2022.
“Las víctimas, se cree, eran persuadidas por el investigado para que invirtieran su dinero en tres supuestos novedosos modelos económicos que reconocían elevados intereses. La investigación da cuenta que una mujer habría entregado 70 millones de pesos, con la ilusión de obtener los rendimientos prometidos por Santiago Verdugo”, dice la Fiscalía.
Según las denuncias de las víctimas, para dar apariencia de legalidad a las inversiones, el hoy imputado entregaba letras de cambio y contratos de inversión como respaldo, los cuales finalmente no contaban con ningún tipo de validez.
“Labores de policía judicial evidenciaron que el dirigente político habría usado una empresa de construcción de su propiedad; con sedes en Duitama, Sogamoso y Tunja (Boyacá), para ganar credibilidad frente a las víctimas”, informaron desde la Fiscalía General de la Nación. Por estos hechos el concejal fue capturado en Duitama el pasado 12 de diciembre por servidores del CTI. La Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, y negativa de reintegro, cargos que no fueron aceptados.