Por irregularidades en un contrato de servicios educativos, la Contraloría General le obliga a pagar más de $222 millones de pesos entre otros a Elina Ulloa Sáenz, en su condición de secretaria de Hacienda del departamento de Boyacá para la época.
Tal y como lo alertó en su momento Boyacá Sie7e Días, en notas de prensa que tanto molestaron al gobierno de turno, el contrato suscrito en 2016 por el Departamento de Boyacá con la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia ‘S.O.S’, con sede principal en el departamento de Córdoba y cuyo objeto era la prestación de servicios educativos para adultos y jóvenes en extra edad en el programa de educación por ciclos, iba a terminar mal.
Y dicho y hecho: según determinó el organismo de control, el daño patrimonial se dio principalmente por mayores valores pagados por concepto de reconocimiento a estudiantes, diferentes a lo contratado.
Pero la embalada no fue solamente Ulloa, pues como es lógico también resultan responsables la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia ‘S.O.S.’, como contratista ejecutor del Contrato No. 1061 de 2016, Eddye Yarik Reyes Grisales, en su condición de jefe Oficina Asesora de la Secretaría de Educación del Departamento y Supervisora del Contrato y a la compañía de seguro La Previsora S.A. como tercero civilmente responsable.
El entonces gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya y su secretario de Educación, Jorge Ferney Cubides, habían estado vinculados inicialmente a este proceso de responsabilidad fiscal, pero en la imputación se ordenó el archivo correspondiente y se levantaron las medidas cautelares que se les había impuesto.
“El contrato referido se financió con recursos del Sistema General de Participaciones y la Contraloría General de la Republica verificó que en su ejecución se pagó un mayor valor en exceso por un total de más de $ 104 millones ($ 104.654.333), de los cuales más de $ 103 millones ($103.454.333) son por concepto de reconocimiento a estudiantes diferentes a lo contratado y más de $1 millón ($1.259.200) por faltantes de la canasta educativa. Dicho daño patrimonial se elevó a más de $ 222 millones ($ 222.030.099) al ser indexado”, dice el fallo.
Contra la decisión ya no procede recurso alguno.