En una olla a presión se está convirtiendo la Capital Religiosa de Colombia, tras conocerse de un proyecto que le acaba de ser aprobado al alcalde para ‘privatizar’ gran parte del servicio de tránsito en la ciudad.
Según el alcalde Wilmar Triana, el desespero por la crisis que enfrenta la movilidad en la llamada Ciudad Mariana, fue lo que lo llevó a plantear la propuesta de conformar una empresa de sociedad de economía mixta, no de privatizar, pero sí que ayude a recuperar el orden en las calles.
Sin embargo, aunque él asegura que no se trata de una privatización, los transportadores, especialmente el gremio de los taxis completaba ya dos días de protestas en las que bloquearon diferentes sectores de la ciudad, para rechazar la intención que tiene el alcalde.
El viernes desde las 5:00 de la mañana impidieron el tránsito en por lo menos tres importantes sectores de la ciudad y solo volvieron a labores hasta que el alcalde adquirió una serie de compromisos, pero ayer, mientras se conmemoraban 139 años del batallón Sucre a los que asistía el mandatario, volvieron a bloquear a las afueras del batallón y en diferentes sectores de la Capital Religiosa de Colombia.
Precisamente este sábado con un total de 13 votos a favor y dos en contra el proyecto fue aprobado en el concejo municipal, y al conocerse la decisión del cabildo, el alcalde se reunió de nuevo con los taxistas, y cuando avanzaban en el tire y afloje llegó la senadora Aída Avella quien sirvió de intermediaria y se acordó pausar el trámite hasta el jueves, cuando Wilmar Triana se reunirá con el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes.
“Nosotros avanzábamos en una reunión con los delegados de los taxistas y otros, cuando sorpresivamente llegó la senadora Aída Avella, aduciendo que coincidencialmente pasaba por Chiquinquirá, y ella pidió pausar el proceso que venimos adelantando, comprometiéndose a conseguir una reunión el próximo jueves con el Ministro de Transporte, para exponerle la problemática que enfrentamos y si él nos ayuda con los, por lo menos 3.000 millones que necesitamos para renovar y operativizar el sistema de tránsito, pues desistiríamos de esta iniciativa”, explicó a Boyacá Sie7e Días el Mandatario de los chiquinquireños.
Hasta el momento lo cierto es que el proyecto que presentó el Gobierno municipal hace 15 días al concejo, fue aprobado la tarde de este sábado y ahora pasa revisión de la Gobernación, para que luego de surtir ese paso continuar con una licitación pública con las empresas que cumplan todos los requisitos y que tenga la mejor propuesta, para crear la nueva sociedad.
El alcalde y el concejo, no son los únicos que apoyan la propuesta de buscar un socio privado, pues diferentes sectores de la ciudad están de acuerdo con que hagan lo que sea necesario, para devolverle el orden a las calles de Chiquinquirá, ya que hoy se vive una total anarquía que está generando un insoportable caos.
Sería un contrato por 20 años, y según el proyecto, el 52 por ciento de la nueva empresa sería del municipio y el 48 por ciento de la empresa privada que aportará recursos para fortalecer la Secretaría de Tránsito con señalización y equipos. El dinero de los recaudos de las multas ingresará a una fiducia para repartirlo entre el municipio y la empresa.
Son entre 3.000 y 5.000 millones de pesos que entraría a aportar la empresa privada, los cuales se utilizarán para reponer y ubicar nueva semaforización, señalización de piso y vertical, al igual que cámaras de fotomultas, entre otros.
“Entiendo que haya una preocupación de la ciudad, porque se han desinformado sobre una supuesta privatización y entrega de la Secretaría de Tránsito, cuando realmente lo que proponemos es una empresa de economía mixta que se encargará junto con la secretaría de retomar el orden en las vías de día y de noche, favoreciéndonos a todos”, dijo el burgomaestre.
Wilmar Triana añadió que la Secretaría de Tránsito está quebrada precisamente porque trae un largo lastre de problemas desde hace varios años, a lo que se sumó el que la pandemia no permitió el recaudo y que hoy la cartera por cobrar asciende a los 5.000 millones de pesos, que los equipos con que cuentan ya son muy obsoletos y, que apenas cuentan con seis agentes de tránsito, pero que a partir de enero próximo solo serían cuatro uniformados, porque no tienen cómo pagar nómina.
“Entiendo que hay unos transportadores muy preocupados que son los que están bloqueando las vías, pero yo mismo les dije que no tenían de qué preocuparse, que este modelo no era para perseguir a nadie, sino para poner orden y que como es lógico, no va a haber la más remota posibilidad de que sean sancionados si cumplen las normas de tránsito”, explicó el alcalde.
El Mandatario de los chiquinquireños aseguró que no hay de qué preocuparse, porque no se va a perseguir a nadie, y que no hay posibilidad de sancionar a los conductores que cumplan las normas de tránsito, pero que la situación actual en las calles es caótica para todos y que ya no se puede soportar más.
“Hoy en Chiquinquirá todo el mundo se parquea donde le place y, en cercanía al Hospital, por ejemplo, donde se atiende a más de 250 mil personas de toda la región, muchos dejan el carro botado en las calles, lo mismo pasa en la plaza de mercado, en cercanías al terminal, en las vías céntricas, en inmediaciones de los colegios, en fin, es que llegamos al punto de que Chiquinquirá se convirtió en un gigantesco parqueadero al aire libre, e incluso hay quienes llegaron al descaro de transitar en sus carros por los andenes y hasta por la Plaza de La Libertad, cosa que no podemos seguir permitiendo”, argumentó Wilmar Triana.
La primera autoridad del municipio añadió que muchos dicen que se trata de un proyecto ilegal, sin saber que, fue el mismo Gobierno nacional el que en medio de las negativas a los proyectos y solicitudes para fortalecer el control del tránsito, le dio tres opciones para hacer viable la dependencia municipal, siendo esta de la sociedad de economía mixta, una de ellas.
Y desde luego que como es obvio, un privado no va a invertir gratis en Chiquinquirá, para que solucionen su problema de movilidad, por lo que en el mismo proyecto que aprobó el concejo, se incluye un modelo financiero a 20 años para poder recoger la inversión y desde luego sus ganancias.