Liderado por naciones unidas, en cabeza de la CEPAL, el acuerdo de Escazú fue firmado en Costa Rica por 24 países de Latinoamérica y el caribe. Fundamentalmente tiene como objetivos: el acceso a la información ambiental clara y oportuna, la participación pública de todos los actores en las decisiones ambientales y la garantía de acceso a la justicia para los defensores ambientales. Sobre el tercer objetivo, se destaca que Colombia posee el segundo deshonroso lugar como país donde más se asesinaron líderes ambientales en el 2021, después de México.
Organismos como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consideran que Escazú es un proceso clave para generar inversiones responsables en Latinoamérica. Se define como una serie de acuerdos entre países expresados en estándares mínimos para el cumplimiento de los 3 objetivos principales y entró en vigor el 22 de abril de 2021, siendo ratificado por 14 naciones, incluida Colombia apenas el pasado 10 de Octubre.
El acuerdo de Escazú posee entre otros, 32 estándares mínimos solo para el acceso a la información. Esto implica una detallada definición de aspectos relevantes para la toma de decisiones ambientales, y el soporte transparente, base para la participación de todos los actores en una decisión que implique afectaciones al medio ambiente. Ahora bien, ¿cómo jugará este compromiso internacional frente a la jurisprudencia y los organismos que hoy se encargan del licenciamiento, control y seguimiento de los proyectos en sus aspectos ambientales? Según la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ¨se cambiará una serie de normativas para ampliar la participación en los procesos de licenciamiento ambiental¨, que en el momento que la ciudadanía participe, pueda realmente incidir en las decisiones. ¨También protocolos para que la opinión de la comunidad sea una opinión que pese sobre la decisión pública en un proceso de licenciamiento¨.
Los principales inconformismos de algunos sectores políticos, argumentan que se pierde soberanía al ¨dar participación e injerencia sobre decisiones o aspectos de interés de Colombia a otros estados¨, pero lo cierto es que se aprobó y que sin duda modificará la forma como se discutirán, difundirán y aprobarán proyectos como los que dieron origen a 152 conflictos socioambientales que se mantienen en el país (ejemplo Santurbán), muchos de los cuales ya tienen demandas internacionales contra Colombia por la firma de contratos y otorgamiento de licencias que no pudieron ejecutarse.
Muy atentos a lo que venga. Escazú, sin duda, cambiará la forma como el país ve y ha manejado los aspectos ambientales principalmente para proyectos minero energéticos, de infraestructura o agroindustriales.
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