Niegan suspensión de ordenanza que autorizó al gobernador de Boyacá a pactar recepción de bienes y servicios

Se trata de la ordenanza 029 del 2021, por la cual se autorizó al mandatario de Boyacá para pactar la recepción de bienes y servicios contratados durante la vigencia de ese año y cuya ejecución se extiende hasta la del 2022.

Ramiro Barragán Adame, gobernador del departamento de Boyacá. Foto: archivo particular

El ciudadano Leonel Nevardo Buitrago Carreño, actuando en causa propia, interpuso demanda de nulidad simple contra el departamento de Boyacá, con el ánimo de que se declare la nulidad de la Ordenanza 029 del 16 de septiembre del 2021, mediante la cual se autorizó al Gobernador para pactar la recepción de bienes y servicios. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 231 del Cpaca (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el accionante solicitó que se decrete la suspensión provisional de los efectos de la Ordenanza 029 del 16 de septiembre del 2021, con fundamento en los siguientes argumentos: 

– La Asamblea del departamento de Boyacá no es competente para autorizar al gobernador del departamento para pactar la recepción de bienes y servicios en la vigencia 2022 –con el fin de ejecutar el proyecto de inversión “Adecuación de las instalaciones físicas de la sede central del Hospital Regional de Sogamoso, departamento de Boyacá”–, toda vez que se trata de una función inherente al accionar contractual y presupuestal del departamento, sin que para ello se requiera autorización de la Asamblea departamental.  

– En el acto demandado no se autorizó al gobernador de Boyacá para afectar vigencias futuras, razón por la cual los contratos que con fundamento en la Ordenanza 029 del 2021 se lleguen a suscribir –de acuerdo al cronograma de ejecución/avance de obra elaborado en la etapa de planeación contractual–incurrirían en conductas con alcance disciplinario y penal por la celebración indebida de contratos, sin el lleno de requisitos legales, en este caso, la autorización para comprometer vigencias futuras.  

“Al confrontar el acto demandado con el artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 22 de la Ordenanza 035 de 1996EOPD modificado por el artículo 1º. de la Ordenanza 018 del 2008, se puede evidenciar la violación de las normas invocadas, como lo establece el artículo 231 del Cpaca”, señala la demanda.

La decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá

En auto de primera instancia delTribunal Administrativo de Boyacá, el ponente, luego de referirse a los requisitos para la procedencia de la medida de suspensión provisional de los actos administrativos, concluyó en términos generales que, al contrastar el contenido de la Ordenanza No. 029 del 16 de septiembre del 2021 con el artículo 121 de la Constitución Política y artículo 22 de la Ordenanza 035 de 1996, modificado por la Ordenanza 018 del 2008, no se advertía prima facie (‘a primera vista’) que el acto administrativo vulnerara o desconociera el contenido de las mismas. 

“En efecto, confrontado el contenido de una y otros, no era posible concluir que la autorización dada por el órgano colegiado al gobernador de Boyacá para la recepción de bienes y servicios en el año 2022, en relación con el contrato ya citado, constituyera en sí misma una extralimitación de funciones o implicara de parte de la Asamblea departamental el ejercicio de alguna función que no le haya sido asignada por la Constitución o la ley”, explicó la corporación judicial.

En cuanto al desconocimiento de la reglamentación departamental establecida en el estatuto orgánico de presupuesto sobre la autorización para comprometer vigencias futuras, destacó el Tribunal que en la Ordenanza 0029 del 2021 se hacía referencia a que el 100 por ciento de los recursos destinados para los efectos allí contemplados correspondían a la vigencia del 2021, sin que en algún momento se hubiera mencionado la necesidad de afectar vigencias presupuestales del año siguiente. 

“Por tanto, no podía tenerse por vulnerada dicha disposición, máxime cuando el departamento de Boyacá ha manifestado que su intención no fue comprometer vigencias futuras, puesto que, se insistió los recursos correspondían en un 100 por ciento a la vigencia fiscal 2021”, precisó el organismo judicial.

Agregó que, como quiera que, de la confrontación del acto acusado con las normas invocadas, no surgía evidente la vulneración de dichas normas, a juicio del despacho no podía tenerse por acreditado el requisito material de procedencia de la medida cautelar, razón por la cual se negó.

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