La sanción tiene que ver con irregularidades en la ejecución de un contrato de obra para el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos del primer módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de Tunja – Etapas I y II.
Se trata de un fallo con responsabilidad fiscal por 2.127 millones de pesos que dejó en firme la Contraloría General de la República contra los exalcaldes de Tunja Arturo José Fructuoso Montejo Niño (2008-2011) y Fernando Flórez Espinosa (2012-2015).
Pero no tendrán que pagar ellos solos. La decisión cobija igualmente a los contratistas Aguas de Colombia SAS y Water Treatment And Desalination, al igual que el interventor, la Empresa Euco Ltda, ahora Edgar Uribe y Cía SAS. Así mismo a los entonces secretarios de contratación, bienes y suministros para las vigencias 2008-2011 y 2012-2015, respectivamente: Jairo Ernesto Sierra Torres, (2008-2011), Gustavo Ussa Álvarez Beltrán (2008-2011) y José Fernando Camargo (2012-2015).
En el fallo mixto, proferido en primera instancia por la Gerencia Departamental de la CGR en Boyacá el pasado 26 de abril de 2022, se había determinado responsabilidad fiscal para los anteriormente mencionados y se decidió sin responsabilidad para otros.
Y el pasado 22 de julio de 2022, en segunda Instancia la Contralora Delegada Intersectorial No. 4 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la CGR, surtió el Grado de Consulta y 10 recursos de apelación interpuestos, confirmando en todos ellos la decisión de Fallar con Responsabilidad Fiscal contra los declarados responsables, así como denegar los recursos interpuestos.
Entre los detalles entregados relacionan que el contrato 226 de 2009 fue afectado con 6 suspensiones, 9 prórrogas y 4 adiciones presupuestales, que elevaron su valor final a $3.767 millones y que finalmente, el contrato se liquidó unilateralmente por incumplimiento de los contratistas el 29 de diciembre de 2015, causando un detrimento patrimonial de $2.127 millones.
“A los habitantes de la Vereda La Pirgua se les prometió una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ptar, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) de la vigencia 2009, para ser entregada en 180 días, obra que solo pudo ser terminada 6 años después, con una inyección de recursos adicionales y nueva contratación”, recalcaron.
Como si fuera poco, la Contraloría no encontró informes técnicos ni prueba fehaciente de ejecución del objeto contractual por parte de los declarados responsables fiscales, demostrándose que las obras no se ejecutaron, no se entregaron los suministros y la Ptar no se puso en funcionamiento al servicio de la comunidad, en virtud del Contrato 226.
Además, señalaron desde el órgano de control que no se ejecutaron las obras necesarias para poner la planta en funcionamiento, por lo que dicha obra nunca pudo entrar en operación en vigencia del contrato cuestionado.
“Gracias a la intervención de la Contraloría General, en desarrollo de la presente investigación, el municipio de Tunja destinó nuevos recursos que permitieron la celebración de otro contrato cuyo objeto fue concluir las obras iniciadas, lo que logró con éxito una obra funcional y al servicio de la comunidad de la capital boyacense”, aseguraron.
Y añadieron desde la Entidad gubernamental destinada a la vigilancia y control de los gastos de la administración pública que la decisión de fallo con responsabilidad fiscal y su confirmatorio fue debidamente ejecutoriada el 25 de julio de 2022.
Ahora lo que único que les queda a los sancionados es ponerse de acuerdo cómo pagan entre todos o demandar la sanción ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, buscando su nulidad.