El proceso que tenía en aprietos al ahora excontralor de Boyacá, Pablo Gutiérrez, por hechos ocurridos por allá a mediados de noviembre de 2017, acaba de dar un vuelco luego del primer fallo que había sancionado no solo al entonces titular de la Contraloría de Boyacá, sino a varios de sus funcionarios.
La Procuraduría le había formulado pliego de cargos al entonces Contralor, Pablo Augusto Gutiérrez Castillo, y a ocho miembros de la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de esa entidad, por presuntas irregularidades en la destinación de recursos públicos e indebida contratación para un viaje de 82 funcionarios a Panamá, cuyo costo superó los 137 millones de pesos.
El Ministerio Público les reprochaba a los funcionarios presuntamente haber permitido el uso de recursos públicos en actividades no contempladas en el programa de bienestar laboral de la Contraloría, sin el cumplimiento de los requisitos previos establecidos en la ley y el uso de la modalidad contractual de forma indebida, violando, al parecer, los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad.
Las presuntas faltas fueron calificadas en la primera instancia de manera provisional como gravísimas a título de dolo.
Los disciplinados luego del escándalo que en su momento fue revelado en exclusiva por Boyacá Sie7e Días y que acaban de ser relacionados en el reciente fallo de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento son: Pablo Augusto Gutiérrez Castillo, Enrique Monroy Pachón, Luz Ángela García Galindo, Orlando Jeremías Rivera Florían, Mónica Yasmith Buitrago Peralta, Yaneth López Pulido, Adolfo Quintana Cristancho, María Stella Rondón González y Jorge Luis Rodríguez Vega.
Los anteriormente relacionados ocupaban en su momento los cargos de Contralor; Secretario General; Director Administrativo; Jefe de Oficina, Asesora de Control Interno; Subdirector Financiero, Presupuestal y Contable; profesional universitario código 219 grado 11; profesional universitario código 219 grado 11; profesional universitario código 219 grado 11 y director administrativo código 009, respectivamente.
Todos funcionarios de la Contraloría General de Boyacá y en tal calidad, miembros de la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de los Servidores Públicos de dicha Institución.
Pues en segunda instancia la procuradora ponente: Luz Estella García Forero y la Sala procedieron a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia proferido el 27 de diciembre de 2019 por la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado en condición de funcionario especial del Ministerio Público.
“Dio origen a la presente actuación disciplinaria un escrito anónimo en el que se denunció la realización de una actividad de bienestar e integración para 82 funcionarios de la Contraloria General de Boyacá, consistente en la realización de esta actividad fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de la referida institución, autorizando mediante acta del 14 de noviembre de 2017 el pago anticipado del plan de viaje para obtener un descuento, lo que se efectuó a la Empresa Servincluidos Ltda por la suma de $USD 43.144 dólares ($129.919.971 millones de pesos, según tasa de cambio de la época)”, se puede leer en el documento de 34 páginas que fue allegado a Boyacá Sie7e Días.
Y continúa el escrito: “Un Viaje a la República de Panamá durante los días 3 al 5 de marzo de 2018, alojándose en el hotel Royal Decameron Beach Resort Y Villas bajo la modalidad «todo incluido», con tiquetes aéreos de ida y regreso”.
Esta actividad, según se puede leer en la sentencia, fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de la referida institución, autorizando mediante acta del 14 de noviembre de 2017 el pago anticipado del plan de viaje para obtener un descuento, lo que se efectuó a la Empresa Servincluidos Ltda por la suma de $USD 43.144 dólares ($129.919.971 millones de pesos, según tasa de cambio de la época).
“El 11 de diciembre de 2017 se hicieron cinco (5) reservas más por valor de $7.244.582 millones de pesos, asistiendo finalmente a dicha actividad 72 servidores, 3 exfuncionarios, un empleado que se encontraba en comisión externa y un particular (hija de una funcionaria), para un total. de 77 personas”.
Pues después de analizar cada una de las situaciones expuestas por parte de la defensa de la mayoría de los acusados, que estuvo en cabeza del abogado Gilberto Rondón la Sala resolvió:
“PRIMERO: Revocar el fallo de primera instancia proferido el 27 de diciembre de 2019 por la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado en condición de funcionario especial del Ministerio Público, dentro del proceso radicado con el W IUS 2017-27712 I IUC 0-2017-929816, a través del cual sancionó a los disciplinados…”
En su lugar, la sala tomó la decisión de absolver de responsabilidad disciplinaria a los citados funcionarios, conforme a las consideraciones.
“SEGUNDO: Por la Secretaria de la Sala Disciplinarla Ordinaria de Juzgamiento se cumplirán las siguientes diligencias:
2.1. Notificar la presente decisión a los sujetos procesales, advirtiéndoles que contra lo decidido no procede recurso alguno; para ello, se remitirá la correspondencia a los disciplinados y a sus defensores a las direcciones registradas…
Parágrafo: No se comunicará la decisión como quiera que la actuación disciplinaria se Inició con base en escrito anónimo.
2.2. Previos los registros y anotaciones a que haya lugar, devolver el expediente a la entonces Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado a fin de que allí repose el archivo físico del expediente.
TERCERO: Por el funcionario a cargo del proceso hacer las anotaciones correspondientes en el sistema SIM con ocasión de lo decidido”.