Acuerdos que las crearon no cumplieron con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para ello.
El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la invalidez de acuerdos municipales que crearon unas escuelas de formación deportiva en ciclismo, y artística y cultural en Tota y Chita, respectivamente.
Los magistrados encontraron que los actos administrativos no reunían todos los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para su creación.
En los dos casos, el departamento de Boyacá, que demandó la invalidez de los acuerdos, argumentó que las entidades se habían creado sin bases legales que soportaran su existencia, pues no se especificó claramente dentro de los actos de creación cuál era el régimen que les sería aplicable, ni su estructura orgánica, ni sus objetivos, ni sus funciones generales, ni la vinculación con otros organismos.
Además, que no existía justificación técnica que respaldara la creación de las citadas escuelas.
En el primer caso se trató del Acuerdo No. 016 del 30 de agosto del 2021,”Por medio del cual se crea la Escuela de Formación Deportiva de Ciclismo en el municipio de Tota-Boyacá”.
El segundo, es el Acuerdo No. 017 del 17 de noviembre del 2020, “Por medio del cual se dictan normas sobre la creación, organización y funcionamiento de las escuelas de formación artística y cultural del municipio de Chita denominadas Tierra de Laches”.
El Tribunal concluyó que, sin perjuicio de que era indispensable que los concejos de los municipios demandados establecieran en forma expresa y clara la naturaleza jurídica de la escuelas de formación deportiva de ciclismo y artística y cultural, respectivamente Escolabicitota y Tierra de Laches, determinando, entre otros asuntos, su régimen jurídico y las normas que guiarían el desarrollo de su objeto (lo que constituiría el marco normativo al que se encontraría sometida la nueva entidad), lo cierto era que dichos cuerpos colegiados prescindieron de lo anterior, razón por la cual debía declararse su invalidez, en la medida que no se previeron todos los requisitos establecidos por el artículo 50 de la Ley 489 de 1998, los cuales son indispensables en el acto que disponga la creación de un organismo o entidad administrativa.
“La norma indicada previó que el acto de creación de un nuevo ente público debe determinar sus objetivos y su estructura orgánica. Además, también resulta imperativo que se establezca cuál será su soporte presupuestal, y que se indique su denominación, su sede, qué recursos integrarán su patrimonio, cuáles serían sus órganos de dirección y administración, además de la forma de integración y designación de sus titulares, y, en particular, que se señale su naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico”, indicó el organismo judicial.
Aunado a lo anterior, resaltó que sea que se vaya a constituir una entidad descentralizada o un nuevo establecimiento público, es preciso contar con un estudio que justifique dicha iniciativa, ya que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está “al servicio de los intereses generales” y, en consecuencia debe desarrollarse “con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”; elementos que debían consignarse de forma plausible en los actos demandados, en la medida que las nuevas entidades no podrían desarrollar actividades o ejecutar actos distintos de los previstos en su acto de creación, estándole vedado, además, “destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en ellos”.