La barbarie de 50 años en Colombia: la Comisión de la Verdad presentó el informe final

«Hay que cambiar por caminos pacíficos de lo contrario las maravillas de Colombia seguirán flotando sobre unas de las crisis humanitarias más brutales del planeta», dijo Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad quien además recordó con sus palabras algunas de las atrocidades del conflicto e hizo un llamado al reconocimiento y a superar el negacionismo.

Diferentes autoridades en Colombia han hecho el llamado a los colombianos para que lean el informe de la Comisión de la Verdad, una posibilidad de reconciliación. Fotos: Comisión de la Verdad.

Desde el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, y a través de canales virtuales, se hizo la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, que pretende esclarecer las causas y patrones del conflicto que por más de medio siglo ha vivido Colombia. 

«Un mensaje de verdad sobre un conflicto en el que casi el 80 por ciento de las víctimas son civiles, no podemos seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas, exiliadas, no podemos descuidar el día en que la paz sea un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento», dijo De Roux.

Así mismo dijo que con la entrega del informe y socialización del mismo «dejamos este legado de verdad a la sociedad colombiana, tenemos confianza en que el presidente Gustavo Petro y la unidad que ha convocado incorporará las recomendaciones en el diálogo democrático para hacer los cambios necesarios».

De Roux resaltó también la escucha de las víctimas que hicieron en todos los territorios: «La escucha de las víctimas nos ha sacudido brutalmente, los miles de niños llevados a la guerra, las buscadoras de personas desaparecidas, las fosas comunes de muchachos, las miles de mujeres abusadas y humilladas, los poblados masacrados…»

Y culminó su intervención citando algunas de las preguntas que guiaron el ejercicio de la Comisión de la Verdad: ¿por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y el Estado parar la guerra política desde temprano?, ¿cuáles fueron las instituciones que promovieron el conflicto? ¿dónde estaban el Congreso y los partidos políticos?, ¿hasta dónde los que tomaron las armas calcularon los resultados macabros de sus actos?,¿qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos?, ¿qué hicieron los educadores ?, ¿qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad?, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación?, ¿cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe?

De Roux señaló que aunque se invitó al presidente Iván Duque al evento para que fuera el primero en recibir el informe final, el jefe de Estado no fue y envió al ministro del Interior. Entonces en su lugar se invitó al escenario como la primera persona en recibir el informe final al presidente electo Gustavo Petro.

Petro dio algunas palabras y dijo que su gobierno acatará y hará realidad las recomendaciones de la Comisión de la Verdad: «Muchos gobiernos crecieron al principio con las expectativas de la paz y terminaron en medio de la sangre. Este no puede ser el caso, estamos ante la posabilidad de pasar a una era de paz que desaparezca el uso de las armas como el instrumento del conflicto. Las sociedades siempre tendrán conflictos, es la escencia del ser humano, pero el conflicto no puede ser sinónimo de la muerte».

Diferentes autoridades en Colombia han hecho el llamado a los colombianos para que lean el informe de la Comisión de la Verdad, una posibilidad de reconciliación. Fotos: Comisión de la Verdad.

Luego de las palabras de Petro, el presidente de la Comisión de la Verdad citó algunos de los dolorosos relatos que escucharon y que hacen parte del informe final: los miles de ‘falsos positivos’, los campesinos despojados y desplazados, los pueblos étnicos sometidos a violencia, decenas de miles de exiliados, miles de niños robados de su infancia y sometidos a las órdenes de personas mayores que los reclutaron, los muchachos que fueron llevados a morir «en batallas absurdas entre los jóvenes colombianos», la multitud de tumbas de luchadores políticos, la multitud del genocidio de la Unión Patriótica, las familias de jueces asesinados, miles de líderes asesinados después del acuerdo de paz y más de 300 excombatientes asesinados que trabajaban por la paz.

«La lista es interminable y el dolor inmenso, nos tomaría 17 años darle un minuto de silencio para honrar a todas las víctimas. Por eso vuelvo a las preguntas, ¿por qué los colombianos dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos?, ¿por qué vimos por televisión las masacres como si se trataran de una novela barata?, ¿por qué la seguridad de los políticos no fue para el pueblo?, ¿cómo decir que somos humanos cuando todo esto es parte de nosotros?», expresó con vehemencia el presidente de la Comisión, que continuó diciendo que la Comisión no es dueña de la verdad sino que hace una construcción para continuar hacia adelante.

Luego explicó un poco del trabajo y metodología de la Comisión, y cómo se organizan los 10 volúmenes de hallazgos, y pasó a leer algunas de las peticiones que como Comisión le hacen al país.

«Pedimos a los colombianos acoger las verdades de la tragedia, la destrucción de la vida entre nosotros y tomar la determinación de no matar por ningún motivo a nadie, reconocer a las víctimas y comprometernos con la reparación integral, pedimos mirar críticamente la historia e incorporar la memoria del sufrimiento para hacer posible el ‘nunca más’, a los jóvenes encarar a verdad y construir la nación que está en sus manos», dijo De Roux.

Continuó manifestando que piden a la sociedad y al Estado implementar de manera integral el acuerdo de paz, y a las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, como el Eln y las disidencias, «escuchar el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya y ponerse en la ruta del diálogo».

Así mismo, la Comisión pidió a todos los estamentos sociales y políticos profundizar la democracia mediante la participación incluyente y el respeto a la movilización como expresión de derechos, «pedimos a los estamentos de justicia frenar la impunidad, garantizar la imparcialidad de los entes de investigación y juzgamiento y proteger a las víctimas y jueces».

Al gobierno, la Fuerza Pública, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias, y demás entidades decisorias hubo una petición para «reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía y encararlo como nación. Cambiar  la política de guerra que ataca a los campesinos, que son el eslabón mas débil y resaltar la dimensión de derechos humanos y salud pública con soluciones éticas y poner en marcha una estrategia de regulación del consumo y del mercado donde Colombia, por la historia sufrida, puede tomar el liderazgo».

También hubo un llamado al Ejército, a poner su honor en la paz, y a la Policía, a estar del lado de los ciudadanos, «donde las medallas no sean por entregar cadáveres sino personas vivas, culpables o inocentes, para la justicia restaurativa».

«La paz que hicieron los ejércitos en La Habana dejó sin embargo la fractura que sigue en la sociedad, por eso hemos recibido un mensaje que no tuvieron las otras comisiones de la verdad en el mundo, ‘que la verdad fuerte y audaz que ustedes entregan nos lleve a la reconciliación’. La reconciliación es que podamos quedarnos juntos, convocados a la vida entre iguales y en dignidad y dispuestos a cambiar para que todos seamos posibles», dijo el presidente de la Comisión.

De Roux concluyó diciendo: «Un día los que estamos aquí nos iremos definitivamente, que no nos vaya a llegar la partida estando los unos separados de los otros, que podamos irnos felices porque dejamos una nación en manos de los jóvenes de la verdad y el futuro, una Colombia apasionada por la vida donde no habrá más odios ni muerte violenta ni guerras inútiles, lo podemos hacer, lo vamos a hacer».

Luego de esto, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán se escuchó una intervención musical con un ‘canto a la verdad’ para reflexionar sobre la verdad, la esperanza, la libertad y la pluralidad.

El tercer capítulo del documento final está dedicado a las responsabilidades en las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH en el conflicto armado por parte de diferentes guerrillas y organizaciones insurgentes, y que son «muestra el enorme impacto de la herida de Colombia».

Según el informe, las diferentes organizaciones son responsables, en primer lugar, por tomar decisiones de orden político y estratégico que llevaron a un crecimiento y expansión de su violencia en el territorio nacional con un gran impacto en la población civil.

Aún con sus diferencias, «todas las guerrillas consideraron en algún momento que se estaban dando las condiciones para una insurrección general de las mayorías en Colombia, y fue esta argumentación la que terminó justificando y encubriendo las afectaciones cada vez más amplias que sufrió la sociedad colombiana por causa de su violencia», se lee en el documento de la Comisión.

Entre esas decisiones de las guerrillas, el informe resalta la política implementada por las Farc-EP, desde 1997, que consistía en secuestrar a policías y militares para presionar un canje por guerrilleros detenidos en las cárceles del país.

También señaló los secuestros y/o asesinatos de líderes políticos, congresistas, gobernadores, alcaldes, y miembros de asambleas departamentales y concejos municipales. «La vida, la libertad, y la dignidad humana fueron subordinadas a la guerra», enfatizó el informe.

En segundo lugar, la Comisión dijo que las insurgencias «son responsables por haber supeditado su relación con la población civil al cumplimiento de resultados en el campo militar».

Bajo esta premisa, convirtieron barrios, veredas y comunidades en espacios de guerra o lugares de reclutamiento. «El ‘todo vale’ para ganar la guerra llevó al involucramiento con el narcotráfico y donde el desprecio por la vida de la gente considerada parte del enemigo fue parte de su modus operandi», indica el documento final.

En tercer lugar, el informe indica la responsabilidad en que, a pesar de la masividad y sistematicidad de la violencia guerrillera, no se tomaron decisiones ni implementaron políticas que frenaran y previnieran de manera efectiva la comisión de graves infracciones al DIH.

«En los años de mayor confrontación armada, las guerrillas, pero especialmente las Farc-EP y el ELN, usaron métodos y medios prohibidos como minas antipersonales o los llamados cilindros bomba que terminaron afectando indistintamente a civiles y combatientes con muertes de pobladores de todas las edades», señala la Comisión.

El informe también menciona que las guerrillas cometieron asesinatos de personas que estaban fuera de combate, mantuvieron a los secuestrados en condiciones que constituyen torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en varios casos las asesinaron por querer escapar o ante la inminencia de un rescate por las Fuerzas Militares.

Otra de las responsabilidades son el reclutamiento de niñas y niños «que no estaban en condiciones de decidir (…) y se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y grave desprotección social del Estado y la sociedad». Además, practicaron fusilamientos en contra de la población civil o de sus propios miembros acusados de pertenecer al bando enemigo.

De otro lado, las guerrillas también son responsables por las extorsiones y la «captura de rentas del Estado y el control del poder político» en los territorios donde han tenido presencia durante décadas, «atacando incluso a los responsables políticos elegidos, lo que supone un ataque a la democracia», señaló el informe.

Finalmente, la Comisión destaca las responsabilidades de los grupos armados que surgieron después de varios procesos de desmovilización en infracciones graves al DIH. Las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, la guerrilla del ELN, por ejemplo, «son responsables de la continuidad de la guerra en muchos territorios con un enorme impacto en la población civil».

Responsabilidad de las guerrillas que azotaron al país

La Comisión también mencionó que las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) es el grupo más comprometido en esta violencia, pues cometen infracciones «que van desde el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, pasando por el desplazamiento forzado de comunidades campesinas y étnicas, hasta el asesinato de excombatientes de las Farc–EP y de líderes sociales».

Por último, la Comisión de la Verdad añadió que: «La frustración de las expectativas de paz son un enorme riesgo para Colombia, una demanda de la sociedad que debe ser respondida de manera diferente por dichos grupos para la consolidación y extensión de la paz y la democracia».

En otro apartado, el informe menciona que la política colombiana siempre ha sido exclusiva: «La prueba de que la democracia en Colombia, con todas sus imperfecciones, nunca fue un escenario cerrado herméticamente es que las propias guerrillas, que buscaban un cambio radical del sistema, también optaron por participar de él cuando enarbolaron la combinación de todas las formas de lucha», se puede leer.

La Comisión señaló que, por ejemplo, el Partido Comunista Colombiano «mantuvo una relación política compleja con las Farc-EP por lo menos hasta el año 1991», pero, al mismo tiempo, participó en elecciones e influyó en la lucha social y política.

Al igual que el ELN, que poco a poco permearon «instancias institucionales o del movimiento social como una manera de usar las posibilidades que da un sistema democrático para ponerlo en jaque», señala el informe.

Por último, en el informe se aclara que el ‘derecho a la rebelión’, reservado en la comunidad internacional para quienes se levantan contra regímenes opresores, no aplica para el caso colombiano.

De acuerdo con el informe final de la Comisión, la guerra ha dejado muchas cicatrices en el tejido social, las biografías personales, las historias familiares y comunitarias, que recorren las geografías del conflicto en distintas épocas.

Muchos de estos hechos traumáticos, violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH «permanecen en la memoria de las víctimas y de la sociedad, como muestras de lo intolerable», señala.

El documento señaló que el enfrentamiento entre la fuerza pública y las guerrillas, posteriormente agravado con la participación de grupos paramilitares y también de otros agentes del Estado y sectores civiles, hace que estos actores sean responsables de ese universo de víctimas que, según el resultado final de la integración de bases de datos del proyecto, corresponde a: 450.666 muertos, 121.768 desaparecidos de manera forzada, 50.770 secuestrados, 16.238 niños, niñas y adolescentes reclutados y alrededor de 8 millones de desplazados.

«Tantas víctimas producto de tantas violaciones e infracciones perpetradas por tantos actores armados y con tantos intereses políticos y económicos, incluso con tan altas tasas de impunidad, no logran ocultar dichas responsabilidades», puntualizó la Comisión.

Y añadió que: «La impunidad ha favorecido, entre otros efectos, la persistencia de violaciones de derechos humanos, así como de crímenes de guerra y de lesa humanidad».

Por último, en este capítulo del informe, la Comisión advierte sobre la preocupante situación de seguridad de los comparecientes y víctimas del conflicto armado, así como los líderes sociales y firmantes de paz, pues han sido objeto de ataques, amenazas y hasta asesinatos.

*Con información de EL TIEMPO