La Fiscalía General de la Nación, en trabajo conjunto con el CTI y la Policía Nacional, obtuvo abundante material de prueba y evidencia técnica para avanzar en el esclarecimiento del homicidio del fiscal.
La Fiscalía y la Policía Nacional entregaron detalles del trabajo investigativo que permitió identificar, capturar y judicializar a cinco personas que estarían involucradas en la planeación y ejecución del homicidio del fiscal especializado de Paraguay Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el pasado 10 de mayo.
El equipo dispuesto por el fiscal general, conformado por tres fiscales especializados y un componente de policía judicial, peritos y analistas del CTI y de la Policía Nacional, puso en marcha un plan metodológico y trazó una línea de tiempo desde cinco días antes del crimen hasta 24 horas después, con el propósito de detallar cada una de las actividades y movimientos que tendrían relación con el asesinato.
Abundante material de prueba y evidencia técnica permitieron detectar durante el periodo verificado varios momentos y lugares en los que los hoy procesados, al parecer, coincidieron o tuvieron cercanía con la víctima. De igual manera, dan cuenta de los posibles roles que cumplieron.
“Hicimos estudio de 20 lugares, elementos probatorios, 200; ubicación y recolección de cámaras de seguridad, 120; análisis de horas de video, 2.500; análisis de información técnica de antenas 40; interceptación de líneas telefónicas, 67; entrevistas, 27; reconocimiento de álbum fotográfico, 14; análisis de redes sociales, 10, (…) y actividades investigativas, más de 3.000”, detalló el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado.
Con ese material probatorio, la bancada de fiscales imputó a los cinco procesados los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego agravado.
Los cinco procesados
Los investigados son: Francisco Luis Correa Galeano, señalado articulador y financiador; el ciudadano venezolano Wendre Still Scott Carrillo, quien habría disparado contra el fiscal paraguayo; Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, supuesto responsable del transporte y la logística; Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, presuntos involucrados en los seguimientos.
Ante la contundencia de los elementos presentados por la Fiscalía, cuatro de los procesados aceptaron los cargos, mientras que Correa Galeano rechazó ser el autor de los delitos de los que se le señala.
El juez de control de garantías dispuso que todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario de máxima seguridad en Bogotá.
Según el organismo acusador, con este proceso de judicialización, los esfuerzos de la Fiscalía y la Policía Nacional se concentran en una segunda fase investigativa, de alcance internacional.
“El trabajo con la Fiscalía paraguaya es muy importante. Allí vamos a hacer un trabajo conjunto, en equipo, donde la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación irán también a verificar exactamente qué es lo que ocurría en Paraguay, en algunos de esos expedientes, y verificar lo que está pasando en esa investigación con el propósito de hacer nuestros procesos de corroboración”, precisó el fiscal general.
El homicidio del fiscal Pecci
La investigación estableció que las cinco personas procesadas residen en Medellín (Antioquia).
Al parecer, el pasado 5 de mayo se reunieron en un local comercial de la plaza minorista José María Villa y definieron el plan criminal.
Al día siguiente, por vía terrestre y aérea se trasladaron a la Costa Atlántica.
Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño se hospedaron en un hotel del centro de Cartagena, mientras que Wendre Still Scott Carrillo y Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, se alojaron en el sector de El Laguito.
El señalado financiador de la acción se quedó en otro punto para articular la acción ilegal.
El 9 de mayo, madre e hijo se trasladaron al hotel de la isla Barú donde estaban el fiscal Marcelo Pecci y su esposa. Pagaron un plan de tres días todo incluido y, supuestamente, comenzaron el seguimiento y marcación de la víctima.
Desde ese momento hay registro de 36 llamadas entre la mujer y Francisco Luis Correa Galeano.
El día del homicidio, el presunto sicario, junto a otro hombre, se movilizó a Playa Blanca, frente a la isla Barú. El traslado lo hizo Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta en un vehículo particular que alquiló por 170.000 pesos.
Ahí pagaron por una moto acuática y esperaron a que Londoño Bedoya y su hijo, desde el mar, les dieran las indicaciones con movimientos de brazos para llegar a la playa en la que descansaba el fiscal paraguayo.
Con estas señales, el supuesto homicida llegó al sitio exacto en el que permanecía Marcelo Daniel Pecci Albertini y le propinó tres disparos. Luego, retornó en el jet ski a Playa Blanca y, en el camino, arrojó al mar el arma y un proveedor; este último fue recuperado por una turista.
Los videos de las cámaras de seguridad, los testimonios y la evidencia técnica permitieron detectar a las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, así como conocer el posible grado de participación y la ruta de escape que usaron para salir de Cartagena y retornar a Medellín.
“Es importante decir que, a través de información de inteligencia, este crimen fue pagado o negociado por más de 2.000 millones de pesos, en donde se repartieron esos recursos entre varias personas”, concluyó el fiscal Barbosa Delgado.