No prosperó demanda contra la ANI por accidente de tránsito en Duitama

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El demandante solicitaba que se declarará la responsabilidad de la ANI por los daños y perjuicios materiales causados al vehículo de su propiedad.

En el sector de Higueras, en Duitama, en el paso a nivel, ocurrió el accidente de tránsito por el que fue demandada la ANI. Foto: archivo particular
En el sector de Higueras, en Duitama, en el paso a nivel, ocurrió el accidente de tránsito por el que fue demandada la ANI. Foto: archivo particular

El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda interpuesta contra la Nación – Ministerio de Transporte – Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por un accidente de tránsito ocurrido en Duitama.  

El 25 de octubre del 2014 sobre las 5:20 a.m., el demandante, Édgar Augusto Bolívar Torres, se desplazaba por la doble calzada desde Sogamoso hacia Bogotá conduciendo el vehículo de su propiedad, en el que además se transportaban su esposa y unos amigos.

A la altura de la carrera 42 entre calles primera y segunda de la ciudad de Duitama, al hacer el cruce por el paso a nivel férreo de Higueras, por encontrarse un contrarriel levantado el vehículo se accidentó y se destruyó, poniendo en riesgo la vida e integridad de los ocupantes, según señala la demanda.

El demandante sostuvo que el guardarriel que produjo el accidente no era observable porque su inmediación carecía de iluminación artificial y porque no existía por falta de mantenimiento preventivo y porque no había señalización que denotara peligro.

Indicó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como encargada de proteger la propiedad y custodia del bien, era la responsable del accidente por omisión, ya que no ejerció eficazmente el control directo para el cumplimiento del objeto contractual por parte de su contratista, lo que desencadenó el desprendimiento del sobrerriel.

Manifestó que, el vehículo destrozado fue revisado en la distribuidora Chevrolet Disautos de Tunja el 29 de octubre del 2014, que cotizó el arreglo por valor de 27.992.714 pesos.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de mayo del 2020, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la sociedad CSS Constructores, declaró no probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, declaró que la ANI y el Consorcio Dracol Líneas Férreas eran patrimonial y extracontractualmente responsable de los perjuicios materiales ocasionados al demandante por los daños materiales ocasionados al vehículo tipo automóvil, marca Chevrolet, modelo 2008, línea Aveo Emotion, Sedan, color Beige Marruecos, 1.600 centímetros cúbicos, placa CYW-956 de propiedad del demandante, producto del accidente ocurrido el 25 de octubre del 2014, en el paso a nivel férreo de Higueras de la ciudad de Duitama, específicamente en la carrera 42 entre calles primera y segunda, el cual se produjo como consecuencia del levantamiento de un riel en la intersección con la vía férrea.

Por lo anterior, condenó solidariamente a la ANI y al Consorcio Dracol a pagar al demandante el valor de los perjuicios materiales por concepto de daño emergente y condenó a la Aseguradora QBE Seguros S.A., hoy Zurich Colombia Seguros S.A., a reintegrar a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el valor en el que resultó condenada esta, hasta el límite y porcentaje del valor asegurado.

Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá

En su providencia, el juez de primera instancia fundamentó la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada en su falta de mantenimiento del paso férreo en el que se ejecutó el accidente.

Sin embargo, declaró la existencia de concurrencia de culpas al considerar que el actuar del conductor del vehículo averiado había participado en la ocurrencia del daño, toda vez que se demostró en el plenario que había excedido los límites de velocidad permitidos.

Lo anterior propició el recurso de apelación de todas las partes del proceso, lo que llevó al conocimiento pleno del asunto por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá.

Teniendo en cuenta que los recurrentes fueron todas las partes del proceso, la corporación judicial explicó que, en el caso no era aplicable la limitación de competencia propia del juez de segunda instancia que le impide pronunciarse sobre asuntos ajenos a las manifestaciones producidas en la impugnación de las partes, por lo que decidió abordar el análisis desde todos los elementos de la responsabilidad.

Así las cosas, frente a la ocurrencia del daño la colegiatura concluyó su existencia, por cuanto se encontró acreditado que, en virtud del accidente que propició la demanda de reparación directa, se generó una afectación a un interés legítimo en un derecho, como lo era el derecho de propiedad que recaía en el demandante sobre el vehículo accidentado.

Sin embargo, la corporación judicial no encontró lo mismo frente a la imputación fáctica y la jurídica, teniendo en cuenta que, con respecto de la primera, las pruebas obrantes en el proceso no podían determinar que la entidad demandada tuviera conocimiento del mal estado de la vía férrea y que, consecuentemente, hubiese incumplido su deber de mantenimiento.

Lo anterior, por cuanto del acervo probatorio se logró determinar que el demandante era un conductor que frecuentaba la vía y de cuya declaración no se pudo precisar que la misma tuviese varios días de afectación y, además, de los demás elementos de convicción se pudo inferir que el levantamiento del riel se pudo haber generado la noche anterior a la ocurrencia del accidente que, por demás, ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana.

Por su parte, también precisó la Sala de Decisión que conforme a las distintas pruebas obrantes en el proceso y, más precisamente a los dictámenes periciales practicados, se logró determinar que el conductor del vehículo cuyos daños se reclamaban incurrió en culpa por cuanto no cumplió con los límites de velocidad dispuestos en el Código Nacional de Tránsito para este tipo de vías.

De esta manera acreditó el Tribunal la configuración de la culpa exclusiva de la víctima por parte del demandante, como quiera que, de acuerdo con la manifestación del perito traído al proceso, si se hubiesen respetado los límites de velocidad dispuestos en la norma el daño se habría evitado, por lo que concluyó que la supuesta omisión de las entidades demandadas no fue la que determinó el daño, sino que, por el contrario, lo que lo causó fue la desatención del demandante de las reglas de tránsito e incluso del deber objetivo de cuidado inherente al ejercicio de actividades peligrosas, por lo que decidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

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