“El control preventivo funciona: venimos a buscar una solución a estos proyectos de vivienda, pero a la vez, con los procesos fiscales que estamos adelantando, avanzamos en la recuperación de los 25.000 millones de pesos que se pudieron haber perdido acá”, destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba al final de su visita a los proyectos de viviendas Torres del Parque que comenzó en 2009 y Estancias de Roble que arrancó en 2010.
Al tiempo que adelanta las investigaciones que determinarán el próximo mes los responsables fiscales de estos dos proyectos de vivienda de interés social inconclusos, la Contraloría General de la República realiza seguimiento técnico, apoya la búsqueda de soluciones alternativas para los beneficiarios que resultaron damnificados y, simultáneamente, despliega esfuerzos para que se puedan terminar las obras.
En este último propósito, la CGR acompaña a la Alcaldía de Tunja, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja -Ecovivienda, que adelantan gestiones para liberar los recursos requeridos que permitan finalizar estos dos proyectos.
Por una parte, el Gobierno Nacional está concretando alrededor de 62.000 millones de pesos para solucionar la situación de los damnificados de estos proyectos de vivienday por otro lado la UNGRD estaría haciendo la declaratoria de calamidad pública para los proyectos, pero además están en curso dos procesos de responsabilidad fiscal por 25.000millones de pesos y se tiene previsto que el próximo mes de junio se tome una decisión de fondo en un fallo con responsabilidad fiscal.
Adicionalmente la Contraloría requirió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sobre sus actuaciones alrededor de estos proyectos y se le informó que esta entidad ha sostenido conversaciones con la administración municipal de Tunja con el fin de apoyar el proceso de reasentamiento para las familias damnificadas de los dos proyectos de vivienda.
Ahora la Alcaldía de Tunja deberá postular un predio para adelantar ese reasentamiento y una vez se cumplan los requisitos la UNGR en el marco de sus competencias, efectuará las gestiones necesarias para darle viabilidad técnica y jurídica al proceso de postulación para el reasentamiento de las familias consideradas en condición de riesgo.
El Contralor añadió que a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la CGR adelanta los correspondientes procesos de responsabilidad fiscal, por 25 mil millones de pesos, dado que están involucrados recursos del Presupuesto General de la Nación.
Por su parte, la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico ha venido realizando un seguimiento milimétrico a ambos proyectos, sosteniendo reuniones con la comunidad afectada y, al tiempo, trabaja de manera coordinada y técnica con la Alcaldía Municipal de Tunja y con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la búsqueda de soluciones para los damnificados.
“Aquí no solo están en juego importantes recursos, sino algo más importante aún: la seguridad y la vida de los beneficiarios de subsidios que ampararían la entrega de estos proyectos y en nuestras visitas se han hecho evidentes las deficiencias en la estructura, muros de contención, drenajes y acabados en los proyectos”, agregó Carlos Felipe Córdoba.
Aparte de solicitar la intervención inmediata de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (UNGRD), para que adopte medidas que eviten perjuicios mayores, la CGR ha pedido a la Procuraduría realizar las actuaciones de su competencia.