Condenan a la Nación por la indebida incorporación al servicio militar obligatorio de un campesino boyacense

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El demandante padecía hipercifosis, una patología consistente en la desviación de su columna vertebral, la cual no fue consignada como una preexistencia médica al momento de la valoración inicial necesaria para la prestación del servicio.

Condenan a la Nación por la indebida incorporación al servicio militar obligatorio de un campesino boyacense 1
La Nación fue condenada por la indebida incorporación al servicio militar obligatorio de un campesino boyacense. Foto: archivo particular

El Tribunal Administrativo de Boyacá halló responsable al Ejército Nacional de los daños causados por la agravación de una patología médica que debió identificar al momento de la incorporación de un soldado al servicio militar.

El 14 de agosto del 2010, Omar Ariosto Pinto Cruz fue incorporado al Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio en calidad de soldado campesino.

El 23 de enero del 2012 fue dado de alta en el grado de soldado campesino, una vez finalizada la prestación del servicio militar obligatorio, por lo que prestó sus servicios a favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional durante un año y cinco meses.

Al momento de su ingreso a prestar el servicio militar obligatorio, Pinto Cruz padecía hipercifosis, tal y como consta en la fórmula del 7 de enero del 2011 del dispensario del Batallón de Artillería No. 1 Tarqui, firmada por la médica que lo atendió para ese momento.

Según su expediente laboral, expedido por el Batallón Tarqui, en los exámenes médicos de ingreso no se dejó anotación de las afecciones de salud preexistentes.

Conforme con el concepto médico del 6 de enero del 2012 de la enfermería del mismo batallón, emitido por la médica Carol Johana Sánchez, se concluyó que presentaba hipercifosis adquirida sistemática + escoliosis dorso lumbar.

La preexistencia de hipercifosis comportaba una causal de inaptitud para el servicio, atendiendo a las previsiones del artículo 61 del Decreto 94 de 1989.

“La incorporación al servicio militar obligatorio implicó para Omar Ariosto Pinto Cruz las cargas propias del desempeño del servicio en su condición de soldado campesino, esto es, los duros ejercicios físicos, las extensas caminatas con el pesado equipo militar a cuestas, los momentos de guardia, las operaciones militares y en ocasiones el maltrato físico de sus superiores, entre otros”, señala el documento del proceso judicial.

La alteración en la columna vertebral de Pinto Cruz, existente para el momento de su incorporación al servicio militar, se agravó seriamente en razón a las actividades propias del servicio.

Según concepto de ortopedia del 15 de septiembre del 2014, el actor sufrió una lesión que simultáneamente complicó la lesión con la que ingresó al servicio militar obligatorio hipercifosis, en tanto se generó una desviación lateral en la columna conocida como escoliosis.

Las condiciones físicas de Omar Ariosto fueron agravadas por el servicio militar: la hipercifosis, al finalizar el servicio militar obligatorio, devino en cifoescoliosis torácica, es decir, se sumó a la cifosis preexistente una escoliosis.

Finalizado el servicio militar obligatorio, a Omar Ariosto Pinto Cruz le fueron retirados todos los servicios médicos por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.

Realizada una serie de trámites con el fin de obtener todos los conceptos médicos destinados a la valoración de la Junta Médico Laboral del Ejército, trámites que tomaron más de un año por causas derivadas del actuar de Sanidad del Ejercito Nacional, fue posible obtener un dictamen definitivo del estado de salud el 26 de marzo del 2014, el cual fue notificado el 29 de mayo siguiente.

El dictamen de la Junta Médico Laboral del Ejército, contenido en el Acta No. 67729 del 26 de marzo del 2014, se analizaron los conceptos especializados de ortopedia, otorrinolaringología y audiometría y psiquiatría, para concluir que Omar Ariosto Pinto Cruz presentaba las siguientes afecciones:

Por parte de la especialidad de ortopedia:

  • Cifoescoliosis torácica tratada con laminectomía.
  • Osteospenia de columna.
  • Artrodesis de columna lumbar y torácica.
  • Secuela: dorsolumbagia crónica con limitación.

Por parte de la especialidad de otorrinolaringología:

  • Tinnitus bilateral.
  • Y por parte de la especialidad de psiquiatría:
  • Episodio psicótico.

Los hallazgos por la especialidad de psiquiatría le generaron un índice previsto en el artículo 79 del Decreto 94 de 1979, correspondiente a depresión reactiva grado medio.

La patología psiquiátrica que presentaba Omar Ariosto Pinto Cruz causó hospitalización en hospital psiquiátrico entre el primero y el 15 de abril del 2013.

Adicionalmente, tal como se reseñó en el dictamen del 26 de marzo del 2014, Omar Ariosto Pinto Cruz fue sometido a una laminectomía y artrodesis de columna lumbar y torácica para tratar la patología vertebral, intervenciones consistentes en la inserción de 19 tornillos a lo largo de su columna, como se evidencia en la ortoradiografía que se acompaña con la demanda.

Mediante concepto de ortopedia del 15 de septiembre del 2014, se estableció que las afecciones que presenta el demandante en su columna vertebral, fueron producto de i) la mala o errónea incorporación y ii) lesión durante la prestación del servicio militar obligatorio.

Omar Ariosto Pinto Cruz se encuentra en estado de invalidez, según la calificación jurídica que de esa institución hace la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1150 de 1994, entre otros.

“Las afecciones que padece Omar Ariosto Pinto Cruz, reseñadas en el dictamen del 26 de marzo del 2014, fueron causadas durante la prestación del servicio obligatorio y con ocasión del mismo. Igualmente, la disminución ostensible en la capacidad psicofísica del señor Pinto Cruz se constituyen en un daño antijurídico imputable al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional”, indica la demanda.

Las lesiones que padeció Omar Ariosto Pinto Cruz implican daño moral para él y su núcleo familiar.

El 5 de febrero del 2020, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, por la indebida incorporación al servicio militar obligatorio en calidad de soldado campesino de la que fue objeto el joven Omar Ariosto Pinto Cruz.

Además, condenó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional a indemnizar a Pinto Cruz y a su círculo familiar por concepto de perjuicios morales, por concepto de daño a la salud, por concepto de lucro cesante consolidado y por concepto de lucro cesante futuro.

Esta sentencia fue apelada y al resolver el asunto en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá
precisó los dos aspectos formulados en el recurso de alzada al definir, por un lado, que el cómputo del término de caducidad en el medio de control de reparación directa comienza a correr desde la fecha de la ocurrencia del hecho dañoso o a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del daño.

Sin embargo, para el caso concreto, teniendo en cuenta que el daño mismo consistió en la agravación de la situación de salud del demandante, la corporación indicó que el término de caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente al que se tuvo conocimiento de la causa del daño, por lo que consideró que la acción incoada no había caducado.

En relación con la presunta culpa de la víctima en la causación del daño, los togados concluyeron que para que se diera la misma como causal de exoneración de responsabilidad se tendrían que acreditar varios elementos entre los que se destacan, el elemento culpa y el hecho de que, por la misma situación, el hecho imputable hubiese sido irresistible para el causante del daño.

Desde esta perspectiva, consideró el Tribunal que ninguno de los elementos se daba como quiera que debió ser la entidad demandada quien desarrollara con el mayor rigor los exámenes médicos de incorporación del demandante y, además, el hecho de la patología de aquel no le era irresistible en la medida que la entidad contaba con el apoyo técnico que se requería para poder valorar la aptitud del conscripto.

Por todo lo anterior, el Tribunal decidió confirmar la providencia apelada.

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