Por apropiarse de dineros del municipio de Villa de Leyva, mujer fue condenada a nueve años de cárcel

A funcionaria la hallaron responsable del delito de peculado por apropiación, al no justificar el faltante de recursos municipales superiores a los 156 millones de pesos en hechos ocurridos durante el 2016. 

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Aura Leonor López Rojas, excajera de la Tesorería municipal de Villa de Leyva, fue condenada a nueve años de prisión. Foto ilustración/archivo particular

Aura Leonor López Rojas, excajera de la Tesorería municipal de la Alcaldía de Villa de Leyva, recibió condena de nueve años de prisión por quedarse con recursos públicos. 

 “La Fiscalía General de la Nación seccional Boyacá logró, mediante la valoración de elementos materiales probatorios, que el Juez 5 Penal del Circuito de Conocimiento de Tunja condenara a Aura Leonor López Rojas por el delito de peculado por apropiación”, indicaron en el ente acusador.   

La mujer fue hallada responsable del delito de peculado por apropiación al no justificar el faltante de recursos municipales superiores a los 156 millones de pesos en hechos ocurridos durante el 2016. Durante el juicio, la delegada del ente acusador indicó que faltó a su deber moral y los principios de servidora pública al apropiarse de los recursos del municipio, toda vez que no consignaba diariamente los dineros recaudados a los usuarios y les daba la apariencia de recursos normales de caja. 

“Consignaba parte de los dineros al final del mes en las entidades bancarias para cubrir el faltante, y luego los pasaba como si todo fuera normal. Al comienzo de cada mes volvía a quedarse en su poder con los dineros recibidos diariamente”, sostiene la acusación. 

De acuerdo con los elementos materiales de prueba basados en las investigaciones de los peritos contables y entrevistas dadas por testigos, el faltante de dinero acumulando mes a mes hasta el 16 de febrero del 2016 fue de 156 millones 990.714 pesos. 

La sentencia condenatoria también contempla la inhabilitación indefinida para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por tratarse de un delito contra la administración pública.

El juez ordenó la captura de la funcionaria, decisión que fue apelada por la defensa, aunque la sentencia sostiene que deberá ser recluida en un centro carcelario que indique el Inpec.

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