En el 2020 las autoridades decomisaron más de 850.000 obras de arte, piezas arqueológicas, antigüedades y otros elementos de interés cultural que iban a ser comercializados de forma ilegal. Contiene estadísticas y ruta de tráfico de bienes culturales de un informe de la Interpol.
Con información de la Agencia EFE
Australia debe reformar las leyes inadecuadas para proteger el patrimonio cultural aborigen, así como darles derechos a veto a los propietarios tradicionales, apunta el informe final de un comité parlamentario que investigó la voladura de dos cuevas sagradas.
En mayo del 2020, la minera anglo-australiana Rio Tinto destruyó las cuevas del desfiladero de Juukan, de 46.000 años de antigüedad y considerada zona sagrada para el pueblo aborigen Puutu Kunti Kurrama y único lugar del interior con evidencias de haber sido ocupado por humanos desde la Edad de Hielo.
La voladura, que logró en el 2013 el consentimiento de las autoridades, generó una gran polémica en el país y condenas de diversos sectores.
Un comité del Parlamento de Australia publicó esta semana su informe final, tras más de un año de investigaciones, donde recomienda reformas urgentes en las leyes del país.
Entre ellas, la creación de un nuevo marco nacional para proteger el patrimonio indígena y enmiendas a las leyes de protección de patrimonio aborigen y ambiental, para que los propietarios tradicionales tomen la decisión final sobre las acciones que puedan dañar a su patrimonio y tengan el poder de negar el consentimiento.
La investigación critica el comportamiento de Rio Tinto por dejar algunas preguntas sin resolver sobre la voladura y a las leyes de la región de Australia Occidental, donde se encontraban las cuevas, que permitieron que estos eventos ocurrieran.
«A pesar de la actual concienciación nacional y condena de estos actos destructivos, estos siguen ocurriendo», remarcó el informe que sugiere que los dueños tradicionales de las tierras puedan hacer valer de forma efectiva las protecciones de la Commonwealth (Estado) mediante acciones civiles en los tribunales.
El informe indica que la industria minera también ha pedido un marco legislativo que abarque el patrimonio cultural, así como claridad en las regulaciones y sanciones, al reconocer que eventos singulares como el del desfiladero Juukan afectan a la industria.
La voladura motivó las salidas del presidente de la junta directiva de Rio Tinto, Simon Thompson, del director no ejecutivo, Michael L’Estrange, y del consejero delegado, Jean-Sébastien Jacques, entre otros altos ejecutivos.
Rio Tinto señaló esta semana que está centrada en mejorar el compromiso con los pueblos indígenas y comunidades anfitrionas para comprender mejor sus prioridades y preocupaciones, minimizar los impactos de la compañía y gestionar responsablemente el patrimonio cultural indígena durante las operaciones.