[Infografía] Sudán, de una transición a la democracia pactada al golpe de Estado militar

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Tras un mes de tensiones civiles y miembros castrenses del Gobierno de Sudán, los militares pusieron fin al proceso de transición democrática con un golpe de Estado. Contiene claves de la actual crisis política de Sudán.

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Con información de la Agencia EFE

Los militares sudaneses han puesto fin a una transición democrática de poco más de dos años, durante la cual compartieron el poder con los civiles en una experiencia singular en el mundo árabe, hasta que hace un mes la relación entre ellos se agrió por una intentona golpista.

El primer ministro sudanés, Abdalá Hamdok, y su esposa fueron arrestados en la madrugada del lunes en su domicilio y se encuentran en paradero desconocido, junto a otros ministros y representantes políticos civiles, tal y como confirmó el ya disuelto Gobierno.

Pocas horas después de los arrestos, el presidente del Consejo Soberano, máximo órgano de poder del proceso de transición, el general Abdelfatah al Burhan, disolvió el Consejo de Ministros encabezado por Hamdok y el propio Consejo Soberano, que habían sido creados en el 2019 en base a un documento constitucional que regía la transición.

La hoja de ruta, suspendida

Al Burhan también suspendió algunos artículos de esa Constitución transitoria, que fue firmada en agosto del 2019 por los militares y los civiles, y en la que sentaron las bases del reparto de poder durante 39 meses hasta la celebración de elecciones democráticas, previstas para principios del 2024.

El Ejército aceptó compartir el poder con las principales fuerzas políticas y grupos civiles que habían participado en la revuelta popular contra el dictador Omar al Bashir, derrocado en abril del 2019 por sus propios compañeros de armas tras varios meses de protestas en las calles.

Si bien no fue fácil un acuerdo entre los uniformados y los civiles, finalmente alcanzaron una fórmula satisfactoria para ambas partes, que había funcionado hasta este momento y que había sido considerada modélica por otros países árabes en los que ese reparto de poder fue imposible tras las revoluciones del 2011.

El Consejo Soberano estaba integrado por 11 miembros, cinco de ellos militares y otros cinco civiles, además de uno seleccionado por acuerdo de todas las partes, con una presidencia rotatoria, que en los pasados más de dos años estuvo ocupada por Al Burhan.

Crecientes tensiones

Las tensiones entre los dirigentes civiles y militares han estado presentes en el periodo transitorio, pero eso no ha impedido que el proceso siguiera su curso, hasta que el pasado mes de septiembre hubo una intentona golpista que hizo que ambas partes se lanzaran acusaciones directas y recriminaciones, y desató un conflicto abierto.

El pasado 21 de septiembre el Ejército anunció que había abortado un golpe de Estado por parte de soldados y oficiales rebeldes, que fue atribuido por Hamdok a ‘remanentes’ del régimen de Al Bashir de dentro y fuera de las Fuerzas Armadas.

Tras la intentona el primer ministro dijo que era necesario reformar los órganos militares y de seguridad, lo que provocó el enfado de los líderes castrenses y la interrupción de las comunicaciones entre las dos partes.

Hamdok también había señalado entonces que se habían dado preparativos para crear un ambiente propicio para el golpe, como la falta de seguridad en las calles en medio de protestas en algunas provincias del país y escasez de productos básicos, en el marco de la prolongada crisis que vive Sudán.

Violencia en las calles

La grave crisis económica fue lo que motivó las protestas contra Al Bashir en diciembre del 2018, que desembocaron en su derrocamiento a manos de los militares en abril del 2019, después de meses de movilizaciones en las calles de todo Sudán y sobre todo en la capital.

Una junta militar encabezada por Al Burhan tomó las riendas del país y prosiguieron las manifestaciones para presionar a los generales para que cedieran el poder a los civiles, incluida una acampada frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas en Jartum.

Los manifestantes hicieron frente a la violencia y a la represión por parte de los militares y las fuerzas de seguridad, que cometieron la mayor masacre de la transición en el desmantelamiento de esa acampada de protesta, que se saldó con al menos 120 personas muertas y otras cientos heridas, según la organización Human Rights Watch.

La ONG de defensa de los derechos humanos ha pedido a las fuerzas de seguridad que se abstengan de usar la fuerza letal contra los manifestantes que salieron a las calles de Jartum en protesta por el golpe de Estado, mientras el Gobierno disuelto denunció que los militares han disparado contra esos ciudadanos.

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