Alejandro Fúneme, el alcalde de Tunja, fue uno de los ponentes en el primer Encuentro de Seguridad, Convivencia y Justicia, organizado por el Ministerio del Interior, la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales en la ciudad de Montería (Córdoba), durante los días 22 y 23 de octubre.
El Mandatario de la capital boyacense, en representación de los alcaldes del país, participó en el cuarto panel de la jornada denominado ‘Descongestión carcelaria, una nueva aproximación a la captura, detención y judicialización’, en el que lo acompañaron Mauricio González Cuervo, exmagistrado de la Corte Constitucional; el defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis; Gloría López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura; el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz y el subdirector de custodia del Inpec, entre otros.
Fúneme González, aprovechó el espacio para reclamar a autoridades nacionales como el Inpec y el Ministerio por la situación en la que los pusieron como alcaldes en medio de la pandemia a responder por los detenidos y sindicados generándoles un problema mayúsculo a los municipios y gobiernos locales como ocurrió puntualmente en Tunja, donde aún no se logra solucionar la problemática.
“Solicité que se hiciera una reforma a la ley carcelaria y penitenciaria ya que no es claro cuáles son las obligaciones de las gobernaciones, o de las alcaldías, así como no hay una fuente de financiación para asumir esas supuestas responsabilidades”, señaló el Alcalde de Tunja a Boyacá Sie7e Días.
Además, Alejando Fúneme, les recalcó que los municipios como Tunja no cuentan con espacios físicos y menos con dineros para atender el manejo de los sindicados por los territorios como lo ordena la ley y estamos usando recursos de Fonpet y Fonsecon para atender esta problemática y terminamos sacrificando estos recursos para realizar planes integrales de seguridad y mejoramiento en las ciudades
“Me referí a que la reforma debía ser la base para redefinir políticas robustas a nivel carcelario y penitenciario con un enfoque de protección de derechos que busque establecer sanear vacíos Jurídicos, opciones de recursos para infraestructura y verdaderos procesos de resocialización”, explicó el Mandatario de la capital boyacense.
Y al parecer Alejandro Fúneme logró su objetivo, porque del evento finalmente quedaron tres importantes compromisos de parte de Altos funcionarios del Gobierno nacional: en primer lugar un acuerdo pactado por los actores invitados para trabajar de manera articulada en una ‘Ley de Cárceles’ que defina claramente cuáles son las responsabilidades de la nación, los departamentos, las ciudades capitales y los municipios, frente a la población carcelaria imputada o procesada.
El segundo compromiso es el de la revisión del Sistema General de Participaciones como instrumento para apalancar las mejoras que necesita el sistema carcelario colombiano (transfiriendo recursos a los entes territoriales) y la atención de población migrante con vocación de permanencia y de tránsito.
Y en tercer lugar un proyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana, que radicaría el Gobierno Nacional en los próximos días. “Se acordó ampliar la aplicación de la Justicia Restaurativa, fortalecer la convivencia ciudadana y aplicar el enfoque preventivo de cara a la seguridad ciudadana y prevención de delitos”.