Según la sentencia de la Corte contra el representante a la Cámara por Boyacá, el político Gustavo Puentes Díaz ejerció influencias indebidas ante la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), para obtener el nombramiento de Tomás Alfonso Zambrano Avella y Eduardo Salcedo Velosa como depositarios provisionales de la Inmunizadora de Maderas del Oriente Ltda.
Se cita que Tomás Zambrano le ayudó a Puentes en sus campañas electorales locales y que Eduardo Salcedo fue asesor II de la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista entre el 2007 y el 2010.
De acuerdo con los testimonios recogidos por la Corte, en el 2009 la Inmunizadora de Maderas del Oriente asumió los costos de un acto político camuflado como fiesta de fin de año, en el cual fueron invitados proveedores y personas de la región, en donde el congresista aprovechó para invitarlos a votar a su favor en los comicios al Congreso que se llevaron a cabo en marzo del 2010.
También se señala que Puentes Díaz se aprovisionaba de gasolina con cargo a la empresa para sus vehículos: un Renault Megan de placas BWF 958, de su propiedad, y un campero Kia Sorento de placas BWS 442, asignado a su esquema de seguridad del Congreso de la República.
Además, se benefició del consumo de gasolina entre febrero y marzo del 2010 para automotores particulares ajenos a la inmunizadora, cuyos conductores dejaban ‘brochures’ o publicidad política del congresista.
La Corte encontró a Gustavo Puentes Díaz culpable del delito de tráfico de influencias de servidor público y lo condenó a 5 años y 7 meses de prisión.