Según la sentencia, el político usó su cargo de congresista entre el 2008 y el2010 para influir indebidamente ante dos directivos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con el propósito de que designaran como depositarios de un bien incautado a dos particulares amigos y colaboradores políticos suyos.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara Gustavo Hernán Puentes Díaz, del departamento de Boyacá, a una pena de 5 años y 7 meses de prisión al encontrarlo responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.
Según la sentencia, Puentes Díaz usó su cargo de congresista entre el 2008 yel 2010 para influir indebidamente ante dos directivos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con el propósito de que designaran como depositarios de un bien incautado a dos particulares amigos y colaboradores políticos suyos.
Para la Sala de Primera Instancia, los medios de conocimiento en este caso evidencian, sin lugar a equívocos, que Puentes Díaz usó ilegalmente las influencias derivadas de su cargo en provecho propio y de terceros, para que se nombrara a los dos depositarios que carecían de la idoneidad exigida para ese cargo, vulnerando el trámite legal para su designación.
A cambio de esa gestión, el representante a la Cámara obtuvo beneficios económicos y políticos.
“Manifestación de ese poderío fue su intromisión interna en el establecimiento comercial, la financiación de una reunión proselitista a su favor (2009) y la realización de campaña política en respaldo de su candidatura del 2010 a cambio de la estabilidad laboral, hechos posteriores a los nombramientos de los cuales se colige que al momento de ejercer la influencia para las designaciones (de los depositarios) sabía que su comportamiento era indebido en tanto se aprovechó del cargo”, señala el pronunciamiento.
La Corte también determinó que el excongresista actuó con dolo, pues tenía conocimiento de que estaba ejerciendo influencias contrarias a la ley.
“De su profesión y experiencia, en especial la desarrollada en la Asamblea departamental y el Congreso de la República, se colige no solo que contaba con los conocimientos para diferenciar una recomendación de una influencia indebida, sino que sabía que al nombrarlos a espaldas del trámite legal y sin cumplir los requisitos exigidos, actualizaba los elementos del delito. Dada su cercanía con los depositarios, sabía que no tenían la experticia en el manejo de sociedades comerciales y que no habían pasado por una convocatoria previa, ni estaban en lista de elegibles”, explicaron en la Corte.
Finalmente, el máximo tribunal de la justicia ordinaria ordenó compulsar copias para que se investigue a Puentes Díaz y a los dos exdirectivos de la DNE involucrados en este caso por el presunto delito de peculado por apropiación.
En el momento de los hechos, Gustavo Puentes era congresista por el Partido Conservador. Actualmente es representante a la Cámara por Cambio Radical.
El negocio que terminó con la condena de Puentes
Según conoció Boyacá Sie7e Días, las investigaciones iniciaron tras una denuncia interpuesta en el 2011 por los trabajadores de la Planta Inmunizadora de Maderas del Oriente, en Cómbita (Boyacá), que Juan Carlos Restrepo, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, entregó a la Corte Suprema.
De acuerdo con la denuncia, las resoluciones que permitieron la designación de esas personas fueron firmadas por Omar Adolfo Figueroa cuando Carlos Albornoz era director de la entidad.
“Los designados eran amigos y colaboradores políticos del aforado,” indican los hechos al señalar que Tomás Zambrano, uno de los depositarios “le ayudó en sus campañas electorales locales”, mientras que Eduardo Salcedo, el otro favorecido, “fue asesor II de la Unidad de Trabajo Legislativo del Congresista entre el 2007 y el 2010”.
La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que se abra investigación contra Carlos Albornoz y Omar Figueroa -ya condenados por el escándalo de la DNE- “en relación con el presunto delito de peculado por apropiación derivado del provecho obtenido de la Inmunizadora de Maderas del Oriente Medio”.
En los hechos también se lee que el congresista “cumplió un papel preponderante en la administración de la inmunizadora a través de Zambrano”, como por ejemplo “tuvo control de la empresa (…) se hacía proselitismo político a su favor”.
En la denuncia se afirma que, en el 2009, la empresa “asumió los costos de un acto político camuflado como fiesta de fin de año, en el cual fueron invitados proveedores y personas de la región” en donde el congresista aprovechó para “invitarlos a votar a su favor en los comicios al Congreso que se llevaron a cabo en marzo del 2010.