En Boyacá se tiene un registro de 18.000 ciudadanos extranjeros, pero se cree que son muchos más

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Durante la segunda Mesa Departamental de Migración se pidió que se designe un fiscal para que atienda los casos de delincuencia en la que se vean involucradas personas de otras nacionalidades, ya que no se pueden expulsar del país hasta que se les defina la situación judicial.

En Boyacá se tiene un registro de 18.000 ciudadanos extranjeros, pero se cree que son muchos más 1
Migración Colombia tiene un registro de 18 mil extranjeros en Boyacá, pero se cree que hay muchos más. Foto: archivo particular

La población migrante se ha convertido en un problema delicado para el departamento de Boyacá, sobre todo porque algunos de estos ciudadanos extranjeros están delinquiendo en diferentes municipios y, además, por el tema de la atención en salud que se les debe garantizar a estas personas de otras nacionalidades.

Estos temas se trataron en la segunda Mesa Departamental de Migración, en la que participaron autoridades del departamento y algunos alcaldes en cuyos municipios hay alta presencia de extranjeros, como Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Moniquirá.

“Tuvimos autoridades del ámbito nacional que tienen que ver con el tema migratorio, como la Gerencia de Fronteras, la ONU, la Acnur y la comunidad internacional que está trabajando en pro de los derechos de los migrantes”, manifestó la secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Elided Ofelia Niño Paipa, quien dirigió la jornada como delegada del gobernador del departamento.

Después de realizar un análisis de orden público, se realizaron mesas de trabajo sobre seguridad y convivencia, salud, y derechos humanos y trata de personas.

En la mesa de orden público se concluyó que es fundamental determinar a aquellos migrantes que son reincidentes en delitos y poder tener una reunión con el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía, a fin de que se destaque un fiscal para dichos casos y se prioricen los procesos judiciales donde están inmersos estos extranjeros, ya que ellos no se pueden expulsar del país hasta que se les defina la situación judicial.

“Vimos que la problemática no solamente está en el tema de delitos, que de hecho el reporte es muy bajito respecto al porcentaje de los delitos que normalmente ocurren en Boyacá, sino que también debemos analizar las contravenciones al Código de Seguridad y Convivencia, por eso en una próxima reunión se les va a solicitar a la Secretaría de Gobierno, a las inspecciones de policía y al Comando de la Policía un informe sobre estas”, dijo la funcionaria de la Gobernación.

Se solicitó, también, más operativos, tanto a Migración Colombia como a la Policía, en los sectores donde ya los municipios han detectado que posiblemente se están utilizando personas de nacionalidad foránea para explotación sexual o microtráfico.

Las autoridades indicaron que existe una complejidad y es que, debido a la pandemia, se emitió un decreto donde el tema de privación de la libertad se le está atribuyendo a los municipios.

“El tema es cómo hacer gestión y cómo someter a un Comité de Control y Seguimiento Carcelario y Penitenciario para que el Inpec empiece a recibir y el Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia) empiece a asumir costos de estas personas, toda vez que en este momento están a cargo de los municipios, quienes tienen que hacerse cargo de todo eso”, señalaron.

En la mesa de salud se les recalcó a los mandatarios municipales que ellos son los encargados de controlar y sacar un censo de quiénes realmente están residiendo en sus municipios como población migrante.

“Si bien es cierto, Migración tiene un registro de 18 mil extranjeros en el departamento, creemos que hay un subregistro, toda vez que hay muchos más y eso se ha venido detectando con la implementación del Estatuto del Migrante, donde ya se han hecho registros y notamos cómo en el municipio de Paipa los datos de Migración oscilaban en 145 y, ahorita, con el Estatuto, van registrados más de 400”, afirmó la secretaria de Gobierno del departamento.

Añadió que, además, el migrante regular tiene derecho a que se le presten servicios de salud, mientras que el irregular solamente a servicios de urgencias, pero al ser irregulares, las IPS se están quedando con una carga de una deuda que no hay quien se las pague.

Según la funcionaria, la Resolución 1245 indica que es obligación de cada uno de los alcaldes cargar en la base de datos Piscis los migrantes que están en su territorio, esto para efectos de la vacunación y porque están llegando muchos fallos de tutela donde se les reconocen derechos a la salud.

Por esto, se les va a solicitar a los jueces de la República que también se dé la oportunidad de identificarlos y, así como se les otorgan derechos de salud, que estos sean regularizados.

En la mesa de derechos humanos y trata de personas se evidenció que muchas veces los delitos por los cuales han sido capturados o judicializados los migrantes, se debe a que hay colombianas que los han instrumentalizado, valiéndose de su necesidad, para que cometan dichos delitos.

“Es importante trabajar mucho el tema de trata de personas; vemos que en las calles están ejerciendo la mendicidad, también la trata de personas en temas sexuales y en explotación laboral, eso conlleva a un delito y lo que se trata es de prevenir para evitar y formar tanto a los ciudadanos colombianos como a los migrantes, porque se nos están presentando problemas de xenofobia”, recalcó Niño Paipa.

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