Luego de que ayer el viceministro del Interior incumpliera la cita con varios mandatarios municipales del departamento, estos convocan al ministro para una reunión el próximo 10 de septiembre, tras la cual se decidirá si realizan o no una protesta contra el presidente Duque en Bogotá.
Cerca de 50 alcaldes de Boyacá se quedaron esperando ayer al viceministro del Interior, Juan Pablo Díaz Granados, con quien habían pactado una reunión en Paipa.
Ante el desplante del representante del Gobierno nacional, los mandatarios convocaron a una nueva reunión al ministro del Interior, Daniel Andrés Palacios Martínez, y al gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, para el próximo viernes 10 de septiembre, con el fin de tratar de llegar a los acuerdos de inversión que están reclamando.
De acuerdo con lo que suceda en ese encuentro, los alcaldes determinarán si llevan a cabo un plantón en Bogotá para protestar contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
Las peticiones de los mandatarios municipales
– Reclaman que las decisiones administrativas nacionales sean corresponsables, y no carguen los sistemas fiscales municipales.
– Solicitan mesas de trabajo conjuntas, en donde sean escuchados los territorios y por medio de las cuales se permitan construir decisiones acordes a las necesidades de los municipios.
– Le piden al Gobierno departamental que todas las provincias sean escuchadas por esa entidad y que, a su vez, logren contar con el trabajo interinstitucional necesario para
solucionar de forma urgente las necesidades de cada municipio.
– Se quejan de que la implementación de la Ley 2126 del 2021, en cuanto al incremento de los salarios de los comisarios de familia, incluyéndolos en la planta de personal de cada alcaldía, carga las responsabilidades financieras municipales, esto sin que el Gobierno nacional realice una asignación extraordinaria de recursos, evadiendo su responsabilidad estatal.
– Afirman que el desahorro del Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales), sobre el 80 %, es urgente y necesario para el desarrollo y reactivación de los
municipios, entendiendo que estos recursos apalancarían las múltiples responsabilidades descentralizadas por el Gobierno nacional.
– Manifiestan que en medio de una crisis económica y de salud pública, la Ley de Garantías Electorales sería sumamente lesiva con el desarrollo de las regiones, entendiendo que, en el paso del cuatrienio han sido pocas las oportunidades de mantener los ciclos administrativos sin que se vean afectados por una pandemia, por un paro nacional o por una carga desproporcionada de responsabilidades administrativas.
– Dicen que esperan que el proyecto de ley que hoy cursa para el fortalecimiento de las personerías, no vaya a ser cargado a las finanzas municipales, ni departamentales, y sea
tendiente a ser asumido por el Gobierno nacional, entendiendo que es insostenible seguir asumiendo la carga fiscal del hoy Ministerio Público.
– Demandan que, entidades como la Agencia Nacional de Minería asuman sus competencias, correspondiendo con autoridad a lo que generalmente delegan en los alcaldes y sus administraciones, evadiendo su actuar en las provincias y desconociendo que son ellos los llamados a asumir dichas intervenciones con la comunidad.
– Protestan por el desgaste administrativo que generan los pliegos tipo y señalan que es importante regular la presentación de estos pliegos, para que en aras de avanzar
con la celeridad administrativa, no exista una excesiva carga en los funcionarios de las alcaldías, los cuales estarán sujetos al sin número de propuestas que se presenten y su
respectiva evaluación, lo anterior sin desconocer la importancia de su implementación para la transparencia contractual.
– Requieren la revisión de las cifras del Dane, dado que no corresponden a las cifras de los territorios y esto imposibilita la asignación real de los recursos, instando a que esta
recolección de la caracterización poblacional sea juiciosa y efectiva.
– Indican que es urgente priorizar los catastros multipropósito, con el fin de mejorar las finanzas municipales, esto por medio de la asignación de recursos para este proyecto desde el Gobierno nacional.
– Reclaman el fortalecimiento de las herramientas TIC, prioritario para así avanzar en la garantía de derechos ciudadanos y mejorar las diferentes comunicaciones administrativas, que hoy se quedan cortas en el alcance territorial.
– Exigen el fortalecimiento de la fuerza pública en los territorios, entendiendo que hoy en día las estadísticas muestran el incremento de la actividad delictiva, sin que esto signifique la asignación extraordinaria de recursos o pie de fuerza por parte del ejecutivo.
– Advierten, también, que la responsabilidad de asignar recursos por medio de convenios o contratos al Inpec o a las cárceles no debería estar cargada a las finanzas municipales, entendiendo que esta es una obligatoriedad constitucional en el margen nacional.
– Demandan que, las cargas económicas correspondientes al manejo de la población migrante deben ser asumidas por el Gobierno nacional, entendiendo que es una problemática y dinámica inminente que asiste a una urgente acción interinstitucional, ya que es transversal a problemáticas de seguridad, educación, salud y planeación.