‘Por acceder a su derecho al aborto, mujeres, adolescentes y niñas sufren persecución de la justicia’, dice informe

Hoy se presenta el documento ‘La criminalización del aborto en Colombia’, donde se revela que alrededor de 400 casos son llevados ante la justicia penal anualmente.

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El documento indica que, las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos de persecución por parte de la justicia. Foto: archivo particular

Los cinco departamentos de Colombia en los que se producen mayores condenas por aborto son Caldas (el 18,48 % de los hechos que dan inicio a un caso terminan en condenas), Boyacá (13,94 %), Santander (10,61 %), Tolima (8,48 %) y Norte de Santander (6,67 %).

Así lo da a conocer el informe ‘La criminalización del aborto en Colombia’, que lo presentan hoy para el país y cuya investigación destaca que alrededor de 400 casos son llevados ante la justicia penal anualmente y que son las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad quienes están en mayor riesgo de ser criminalizadas.

“De esta manera, un 12,5 % de los casos de aborto perseguidos por la justicia colombiana corresponde a mujeres entre los 14 y 17 años, y un 24 % de los casos que derivan en condena, corresponde a mujeres menores de edad”, señala el estudio.

Agrega que, Bogotá es una de las ciudades en la que, la mayoría de casos de criminalización contra las mujeres que deciden practicarse un aborto derivan en condena (13,33 %).

El estudio lo realizó La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en alianza con la profesora adscrita a la Universidad de Los Andes Isabel Cristina Jaramillo Sierra, doctora en leyes de Harvard, y su equipo de investigación,

“Los hallazgos de este informe resultan cruciales para entender la pertinencia y necesidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal como lo demanda ante la Corte Constitucional el movimiento Causa Justa”, dicen desde La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

El documento indica que, las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos de persecución por parte de la justicia, que de recibir su respaldo cuando son víctimas de delitos asociados a violencias basadas en género.

Explica que, las condenas contra las mujeres que deciden abortar representan un 7,6 % de los casos, mientras que para los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento las condenas representan un 1,14% y 3,38% respectivamente de los casos.

Según el informe, el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación constató que el «29,11 % de las mujeres indiciadas por aborto (910 mujeres) han sido vinculadas en calidad de víctimas de algún delito», y que «42 % de estas mujeres presentó un historial de victimización previa» por delitos de «violencia intrafamiliar (12 %), lesiones personales (10 %), delitos sexuales (8 %), entre otros.

“El sistema colombiano opera tendenciosamente para condenar a las mujeres que deciden abortar y, en cambio, exonera a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres, en el caso de la justicia”, afirma Ana Cristina González Vélez, cofundadora de La Mesa por la Vida y del Grupo Médico por el derecho a Decidir y pionera del Movimiento Causa Justa.

El informe dice, también, que el personal de salud antes que atender y brindar los servicios de salud de IVE (interrupción voluntaria del embarazo), prioriza reportar estos casos como delito, vulnerando la salud y el bienestar de la paciente, así como su derecho a la privacidad protegido por el secreto médico.

“Sabemos que el personal de salud, con mucha frecuencia, pone en conocimiento de las autoridades la llegada de mujeres con complicaciones en sus abortos; lo hacen incluso antes de que algún médico evalúe la situación y determine si el aborto fue inducido o no […] esta vulneración de normas éticas básicas por parte del personal de salud aumenta la desconfianza que las mujeres sienten hacia el sistema de salud y los médicos en general, lo cual se convierte en un verdadero obstáculo para el acceso al procedimiento”, manifiesta la profesora Isabel Cristina Jaramillo.

La profundización de estas y otras cifras sobre la criminalización del aborto en Colombia están siendo presentadas en un evento virtual, que inició a las 10:00 de la mañana de hoy, a través del canal de YouTube de La Mesa, que cuenta con la moderación de Gabriela Tafur, abogada y comentarista, y la participación de Ana Cristina González, médica cofundadora de La Mesa por la Vida; Isabel Cristina Jaramillo, profesora titular de la Universidad de Los Andes, y Catalina Torres, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional.