Las ESAL, ¿sin ánimo de lucro? o con ánimo de pérdida – José Ricardo Bautista Pamplona #Columnista7días

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Las ESAL, ¿sin ánimo de lucro? o con ánimo de pérdida - José Ricardo Bautista Pamplona #Columnista7días 1Cuando se anuncian vientos de reactivación en todos los sectores, y entre ellos el de la industria cultural, se hace necesario recabar en algunos temas que, por ocasión de la pandemia, se metieron a la nevera a la espera que algún día volvieran a estar sobre la mesa.

Ese es el caso de la urgente necesidad de capacitación que tienen los cultores para ofertar sus servicios, y más si quiere acceder a los recursos públicos que se mueven, “si o si”, a través de procesos de licitación e invitación pública, para lo cual los artistas deben estar preparados si desean aplicar, sin intermediarios a la bolsa que establecen los gobiernos.

Hay un vacío enorme en nuestro país en materia de instrucción a los gestores para el diseño, elaboración y presentación de proyectos, ya que se desconoce por completo las normas que, aunque no nos gusten o no comulguemos con ellas, son las que hay en este país y gobiernan las metodologías de contratación del estado colombiano.

Una licitación o invitación es un proceso participativo por el cual, según reza en la ley, “busca adquirir mejores condiciones de compra convenientes para un determinado proyecto u obra”. Para este caso se abre un concurso entre proveedores, orientado a otorgar la adquisición o contratación de un bien o servicio requerido por una organización.

En este proceso formal las partes contratantes invitan a los interesados a que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas para seleccionar la más ventajosa, perfeccionada luego con un contrato.

Así las cosas, es imposible que un cultor que tiene un servicio para ofrecer como un proyecto artístico, sonido, luces contempladas en la producción escénica y de campo, pueda participar en una adjudicación sin el debido proceso señalado en la Ley 80 de 1993, donde refiere al instrumento legal que regula la contratación pública en Colombia de dos maneras: Licitación pública o Contratación directa.

Podemos criticar, renegar y hasta “zapatear”, pero es esa la única manera de acceder a los recursos públicos en el caso de la realización de eventos institucionales que en Colombia son numerosos, si se tiene en cuenta que los festivales, fiestas patronales, semanas de la cultura y demás celebraciones, tienen en su gran mayoría el carácter de público, es decir, son organizados por las administraciones a través de operadores escogidos, según dice la norma, mediante los referidos procesos de selección.

¿Qué hacer entonces?

Como gestor cultural que llevo algunos calendarios encima tratando de sacar la cabeza en medio de un estado que, por un lado, promociona la creación de organizaciones no gubernamentales como corporaciones, sociedades o fundaciones, y por otro lado las acaba en poco tiempo con una irracional carga de impuestos, descuentos y demás “perlitas”. Debo decir entonces, que no existe posibilidad alguna de sobrevivir en este país si no se tiene una organización legalmente constituida para competir en los mercados.

Para que un gestor pueda ofertar sus servicios en temas de producción, operatividad y suministros, debe someterse a este engorroso trámite, el que también tiene que hacer cumplir de manera obligatoria el funcionario de turno, so pena de pasar varios meses en la cárcel por “celebración indebida de contratos”.

Estudio sobre oportunidad o conveniencia del contrato, publicación de avisos dentro de los 10 y 20 días anteriores a la apertura, elaboración del pliego de condiciones, regulación jurídica, derechos u obligaciones de las partes, apertura de la licitación o concurso, audiencia de aclaraciones 3 días después del inicio del plazo de presentación de propuestas, evaluación y resolución de preguntas y por último la adjudicación, son entre otras las etapas de la contratación con el estado.

Pero ahí no para la cosa porque después de haber pasado por todas estas etapas viene la celebración del contrato, donde se exige un verdadero catálogo de documentos, como para armar una enciclopedia, y eso sin contar que de acuerdo a los nuevos modelos, la documentación se debe ajustar a unos formatos rígidos, sin los cuales es imposible legalizarlo y para lo que se debe presentar, entre otras cosas, el pago de estampillas, pólizas de cumplimiento, pago de seguridad social sobre el contrato, ya que si tiene cancelada la seguridad como independiente, ésta no sirve y  debe pagar otra sobre el 40% del monto de cada concepto contractual.

Este pequeñísimo resumen del titánico periplo desmotiva a los artistas para hacer empresa y finalmente son muy pocos los que se le miden a semejante trámite, por eso escasean los “empresarios” que desean arriesgar su diezmado capital, porque el solo hecho de dar apertura a una “Entidad Sin Ánimo de Lucro”, es apenas el primer paso para convertirse en deudor moroso de la DIAN, con el peligro que esto implica.

Pero como siempre, los platos rotos los pagan los servidores públicos de las regiones, a quienes les hacen paros y saboteos por esta forma de contratación que llega a los municipios mediante directrices impuestas por los organismos nacionales para su estricto y obligatorio cumplimiento.

¿No hay lógica verdad? No la hay, y mucho menos con la aplicación del nuevo sistema conocido como el SECOP II, una versión del Sistema Electrónico de Contratación Pública, para pasar de la publicidad a una plataforma transaccional donde se obliga a compradores y proveedores a realizar el proceso de contratación en línea. Una compleja metodología que requiere de personas expertas para entender y maniobrar tan particular modelo.

¿Y entonces cual es la salida? la única salida es la capacitación de todos los actores para lograr entender estos mecanismos  que, aunque no nos guste, “eso es lo que hay” y entonces, o nos amoldamos a ellos, o definitivamente desaparecemos.

Le corresponde al mismo estado, inventor de tan ingenioso catálogo, ofrecer capacitaciones ciertas y efectivas a las comunidades a través de convocatorias públicas, con el apoyo de entidades como el SENA y las universidades realizando jornadas académicas gratuitas donde se logre traducir todo este cartapacio a un lenguaje digerible, primero para crear empresa en Colombia y segundo para acceder a la bolsa de contratos públicos.

No obstante y aunque la norma es más rígida que la roca, existen algunos funcionarios que las vuelven aún más impenetrables, toda vez que en el derecho, cada quien interpreta como quiere y muchas veces hace falta “coordinol” entre un área y otra, porque que termina el periodo de administración y nunca lograron ponerse de acuerdo en los conceptos, ocasionando, por supuesto, un irreparable atraso en el desarrollo social ya que se dejan de invertir los recursos por temor a la sanción de los organismos de control y en el caso de los aportes de la nación, estos terminan por reversarse.

Ese es el panorama real de nuestro país señores, y gústenos o no, todos, sin excepción alguna, debemos aprender y estar al día con estos patrones, o de lo contrario será mejor “maldecir pasito”, como decían las abuelas, ya que no hay otra manera de permear las finanzas del fisco público.

Conclusión: O nos educamos todos y aprendemos a dominar la norma por más absurda que ésta sea, o de lo contrario desaparecemos del panorama y seguiremos haciendo corrillos en las esquinas, buscando culpables y atacando a los servidores públicos de turno.

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