Recientemente se realizó una jornada de socialización de los avances del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Territorial, un ejercicio técnico a través del cual el departamento de Boyacá realizará el diagnóstico y formulará los proyectos de esta región para hacerle frente a la crisis climática.
Aunque como lo expresé en este espacio no hace mucho tiempo, Boyacá está en mora de disponer de ese documento guía para preparar adecuadamente a sus provincias ante los eventos climáticos extremos que se avecinan producto del calentamiento de la tierra y todos sus efectos colaterales.
Disminución de lluvias en algunas zonas, incremento de precipitaciones en otras, intensos días de calor en amplias regiones del departamento son algunos de los cambios que anticipa el Ideam para Boyacá, y deben ser síntomas de alarma tanto para tomadores de decisiones como para ciudadanos en general, a unos y a otros nos impactará el cambio climático de una u otra manera.
Un dato nos ayudará a comprender la dimensión de la crisis: en el 75% de los departamentos del país confluyen tres tipos de amenazas: inundaciones lentas, movimientos en masa y flujos torrenciales, y Boyacá se encuentra en el quinto lugar de ese nivel de amenaza después de Antioquia, Casanare, Chocó y Cundinamarca, según el Índice Municipal de Riesgo de Desastres de Colombia.
A pesar del retraso, el que Boyacá esté formulando su Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Territorial es una buena noticia y mejor todavía si en el marco de ese proceso los expertos en estas materias se reúnen, como lo están haciendo, con representes de diversos sectores para conocer sus percepciones, recopilar información, acopiar sugerencias y aportes a partir de las experiencias y vivencias propias vinculadas a la alteración del clima.
Es muy interesante ver, por ejemplo, en ese tipo de escenarios a representantes del sector del carbón hablando de sus compromisos de reducir el impacto de la minería, y exponiendo la necesidad de definir alternativas sociales y económicas para quienes en los próximos años podrían dejar la actividad ante la llegada de energías renovables, un escenario posible para el cual debemos prepararnos.
El resultado de este proceso permitirá a las comunidades, a las empresas y a los gobiernos, departamental y municipales, prever lo necesario para asegurar la protección, conservación y restauración del capital natural; garantizar la provisión de agua y de alimentos; reducir el impacto de los fenómenos naturales y adaptar los territorios y los sistemas de producción a las nuevas realidades planetarias.
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