Por extorsión carcelaria, Fiscalía judicializó a 12 presuntos implicados

Investigadores del CTI en Boyacá identificaron el aumento de la modalidad de conocida como falso servicio. Dentro de los señalados por este delito hay una abogada.

Algunos de los judicializados por estar presuntamente implicados en extorsiones realizadas desde varias cárceles del país. Fotos suministradas/archivo particular
Algunos de los judicializados por estar presuntamente implicados en extorsiones realizadas desde varias cárceles del país. Fotos suministradas/archivo particular

La Seccional Boyacá de la Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 personas,
presuntamente implicadas en extorsiones realizadas desde varias cárceles del país.

Entre los procesados se encuentran dos internos, quienes se encargarían de realizar las llamadas con exigencias económicas a varios residentes de Santander, Boyacá y Caquetá, a cambio de no atentar contra sus vidas.

Entre otros procesados están cinco hombres y cinco mujeres que, según las investigaciones, serían los encargados de recibir, retirar y entregar los dineros producto de las extorsiones. Por el cobro de dichas sumas, al parecer, los procesados recibían comisiones de entre 50 y 100 mil pesos.

“Entre los judicializados se encuentra una abogada, quien habría prestado su nombre para recibir el dinero producto del ilícito. Esta persona no aceptó su responsabilidad por el delito de extorsión en grado de cómplice, que le imputó la Fiscalía. Los otros 11 procesados sí se allanaron a los cargos”, indicó la Fiscalía.

Los dos internos que también fueron procesados se encuentran recluidos en las
penitenciarías de Valledupar (Cesar) y El Barne, en Cómbita (Boyacá). Luego de conocer sobre las indagaciones que se les sigue por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, admitieron su participación en los hechos investigados.

Falso servicio

En el marco de las investigaciones, la Policía Judicial detectó un incremento de la modalidad extorsiva denominada falso servicio, consistente en contactar microempresarios que ofrecen sus servicios a través de redes sociales y plataformas tecnológicas para ofrecerles
supuestos negocios.

Una vez solicitados los servicios, la víctima era identificada como objetivo militar de un grupo ilegal y para evitar ser asesinados o poder trabajar eran conminados a pagar sumas entre 1 millón y 10 millones de pesos.